Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 9 de diciembre de 2021) Esta mañana, instituciones públicas del estado se comprometieron a formar un frente común contra la corrupción al firmar la Carta Compromiso por la Ética e Integridad Pública para el Estado de Tlaxcala.
En su mensaje, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros recalcó que es responsabilidad de todos mantener la lucha contra este lastre que propicia desigualdad y pobreza. En este sentido, agregó que el 10 por ciento de la población tlaxcalteca ha sido víctima de actos de corrupción de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Asimismo, dio cuenta que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) presentó 20 denuncias en 2020 por desvíos de recursos y en 33 de 69 municipios hubo observaciones importantes a la cuenta pública; por ello, enfatizó que estos casos deben judicializarse.
Aseguró que su gobierno tendrá la firmeza para combatir y sancionar la corrupción, para dar seguimiento a los casos, así como para cumplir la ley fe gorma irrestricta; con el propósito de que todos puedan lograr que el dinero se traduzca en acciones para el pueblo.
Por ello, pidió a representantes de todas las dependencias, organismos empresariales y sociedad civil formar un frente común fincado en la política anticorrupción y en el programa anual de trabajo formulados por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET).
Por su parte, Rumel Henández Avendaño, presidente del comité coordinador del SAET, destacó la voluntad de la gobernadora para estructurar trabajos a fin de combatir la corrupción; pues esto propicia gobernabilidad y fortalece a las instituciones públicas mediante el trabajo de quienes lo integran.
Agregó que los actos irregulares en la administración pública lastiman a la población más vulnerable; por lo que se necesitan acciones de prevención, investigación y sanción para quienes los cometen. Por ello, resaltó la relevancia de esta firma que convierte a Tlaxcala en la primera entidad en firmarla.
En su mensaje, Didier Fabián López Sánchez, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), se pronunció por fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la información como un primer escalón para el combate efectivo de actos de corrupción,. El el mismo sentido, recalcó que la transparencia y la rendición de cuentas son elementos necesarios para frenar el ejercicio del quehacer público en el marco de las democracias contemporáneas, y no una dádiva de las instituciones.
La titular del OFS, María Isabel Delfina Maldonado Textle advirtió que la experiencia ganada con la fiscalización hace necesario redoblar esfuerzos para eliminar malas prácticas. En consecuencia, la clave es implementar una orientación ética en la administración pública que junto a sistemas de control y actualización de la información visibilicen los riesgos de la corrupción.
Mientras que Eréndira Olimpia Cova Brindis, secretaria de la función pública, enfatizó la corrupción es una de las principales causas de la desigualdad; por lo que es necesario cambiar las cosas desde el gobierno, fomentar la denuncia, trabajar en la educación de jóvenes e implementar políticas públicas eficaces en corresponsabilidad.
Dora María García Espejel, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado (CJET), aseveró que este órgano trabaja constantemente en la detección, fiscalización y control en recursos públicos; por lo que es relevante la colaboración interinstitucional para el desarrollo de la integridad pública y dotar a los servidores públicos de conocimientos para combatir este problema que, en el caso del Poder Judicial, tiene como finalidad garantizar la impartición de justicia.
Al hacer uso de la voz, Domingo Tamalatzi Rodríguez, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), recordó que la legislación local contempla, desde 2018, 10 conductas relacionadas con delitos de corrupción; mismas que la instancia de encabeza se encarga de investigar y sancionar. Particularmente, abundó, establecer las reparación del daño para reintegrar los recursos que se utilizaron de forma ilegal.
Por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, la magistrada María Isabel Pérez González indicó que la corrupción entorpece el funcionamiento de las instituciones; por lo que cuando el actuar rebasa los límites de la ley, es necesaria una sanción que legitime el trabajo ante la sociedad. Por último, se comprometió a mantener actualizados los indicadores para evaluar el desempeño de autoridades y que estos sean la base para prevenir cualquier acto irregular en el servicio público.
Al término, el diputado Rubén Terán Águila reiteró que la corrupción ha generado millones de pobres porque se ha enfocado en el crecimiento económico; razón por la que todas las instituciones son responsable de combatirla para recomponer al país y al estado.
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