Implementan Calpulalpan, Totolac y PGJE "buenas prácticas" contra violencia de género: especialista

 

Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala 10 de diciembre de 2021) Es importante impulsar políticas transversales fincadas en "buenas prácticas" como la expedición de órdenes y medidas de protección por parte de jueces de paz en Calpulalpan, Totolac y en la misma Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para abonar a una vida libre de violencia para mujeres, afirmó Thella Román Cuevas, especialista en género, al presentar el Informe Ejecutivo sobre las Buenas Prácticas en materia de Seguridad Ciudadana y Construcción de Paz

En la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), cuestionó que pese al promedio diario de 11 feminicidios en el país, no haya igual número de feminicidas en la cárcel debido a la corrupción. Esto, abundó, hace necesario fortalecer las capacidades institucional, trabajar en torno a la cohesión social, el liderazgo de las mujeres como constructoras de paz y desarrollar espacios seguros para las mujeres con políticas públicas formuladas con perspectiva de género.

Por su parte, Jacqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la CEDH, destacó que durante la campaña "16 días de activismo contra la violencia de género" se desarrollaron diversas actividades que reunieron los esfuerzos de instituciones públicas en torno a un flagelo arraigado y naturalizado en la sociedad como la violencia.

Abundó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatizó que la contingencia sanitaria por Covid-19 era un escenario preciso para la reproducción de conductas violentas contra las mujeres desde los hogares y la prestación de servicios públicos. En este sentido, puntualizó que ninguna sociedad puede decirse libre y civilizada si la mitad de ella esta sometida a este tipo de conductas.

En su intervención,  la diputada Lorena Ruiz García, presidenta de la Comisión de Igual de Género y Contra la Trata de Personas en el Congreso del Estado, afirmó que más allá de estos 16 días de activismo; las instituciones deben implementar acciones tanto de empoderamiento como informativas para que las mujeres puedan prevenir toda forma de violencia.

A propósito, afirmó que para eliminar la violencia que acaba con la vida de las mujeres es necesario comenzar por identificar las conductas físicas y psicológicas que pueden derivar en ella. Por esta razón, recalcó que un minuto puede salvar una vida y desde las instituciones se deben reconocer los riesgos. 

Por su parte, Margarita Cisneros Tzoni, directora del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), celebró que esta campaña haya reunido a los tres poderes del estado y a organismos autónomos en torno a un problema que viven las mujeres, pero que afecta a toda la sociedad.

Recordó que hay un atraso de 150 años para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres; por lo que es necesaria una visión conjunta desde los tres órdenes de gobierno para poder avanzar. "El nivel del reto que enfrentamos es llegar al momento cuando no haya un feminicidio, cuando una mujer no se queje de que un ministerio público no la recibe o que la secretaría de salud no la quiere atender" por situaciones relacionadas con la violencia, indicó.

Gelacio Montiel Fuentes, secretario particular de la gobernadora, destacó que la administración que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros ha tomado acciones determinantes para erradicar la violencia de género contra las mujeres desde antes de asumir el cargo al promover que se declarara la Alerta por Violencia de Género en el estado y con el nombramiento de una mujer como titular de la PGJE.

 

Mientras que el magistrado Héctor Maldonado Bonilla, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), exhortó a que los planteamientos surgidos durante estos 16 días de activismo se traduzcan en acciones que generen un cambio profundo en la sociedad.

Agregó que las políticas públicas en esta materia son una prioridad para el Poder Judicial; por lo que el pasado 25 de noviembre, el Consejo de la Judicatura del Estado aprobó la creación de una Dirección de igualdad de género y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que tendrá como misión robustecer las acciones institucionales para responder a las exigencias de la sociedad desde el ámbito jurisdiccional.