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martes, 19 de enero de 2021

Declara Congreso avalada reforma constitucional con respaldo de 15 ayuntamientos

 


Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 19 de enero de 2021) El Congreso del Estado dio por aprobado el Decreto 276 sobre reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberado del Estado; el cual fue avalado únicamente por 15 ayuntamientos.


    Cabe recordar que el documento contiene reformas en materia de derechos humanos para menores de edad, sienta la bases para crear el Centro de Conciliación Laboral en la entidad y también a disposiciones en materia mejora regulatoria


    Sin embargo, el decreto fue avalado puntualmente por 15 ayuntamientos, rechazado por dos más; mientras que los 43 restantes no remitieron dictamen alguno para confirmar que fue aprobado por los cabildos.


    Si bien el artículo 120 de la Constitución establece que las reformas tendrán validez cuando sean avaladas por la mayoría de los ayuntamientos; también contempla que si no hay respuesta dentro del mes posterior a su recepción, se dará por avalada.


    En la sesión virtual celebrada este martes las diputadas y diputados instruyeron al Ejecutivo para publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.


Se instala Comisión Especial para conocer de juicio político contra presidente de la CEDH

Por otra parte, este martes quedó formalmente instalada la Comisión Especial de Diputadas que conocerá de la denuncia de juicio político presentada por tres ciudadanos en contra del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda.


    La referida comisión especial está integrada por las Diputadas Laura Yamili Flores Lozano en su calidad de presidenta, y como vocales las Legisladoras Leticia Hernández Pérez y Luz Vera Díaz, quienes tendrán 15 días para rendir el informe correspondiente a la Mesa Directiva.


    Después de celebrar sesión de instalación, la Comisión Especial coadyuvará, junto con los denunciantes Edgardo Cabrera Morales, José Luis Ahuactzin Ávila y Francisco Javier Conde Gutiérrez, a reunir y aportar los medios de prueba que acrediten la plena responsabilidad política o no del servidor público denunciado.

 

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