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Por Gabriela Vargas G. (septiembre, 2020) La impunidad que prevalece ante la violencia sistémica que se vive en México, ha logrado que se normalice su existencia. En el caso de las mujeres es aún más grave, ya que la discriminación de que han sido objeto históricamente, las coloca en una situación de víctimas recurrentes. Con cifras tan alarmantes en la actualidad, que han generado indignación, y un justo emergente reclamo social hacia las autoridades.
La política no es la excepción. De hecho, cuando las mujeres decidieron incursionar en ese ámbito donde la lucha por el poder es encarnizada, la tradicional violencia doméstica que no les era ajena, se extendió a ese coto exclusivo que es la política.
El hostigamiento, acoso, degradación y amenazas a su integridad, se ha materializado en su contra de forma gradual, y más aún, a raíz de la reforma constitucional de 2014, que estableció el principio de paridad de género como obligación de los partidos para postular sus candidaturas. Desde entonces, hemos sido testigos de diversos episodios que dan cuenta de dicha violencia en los procesos electorales y federales.
Por ello no sorprende lo sucedido en Oaxaca, donde fueron elegidas autoridades para el periodo 2019-2021, Dante Montaño como presidente municipal, y Nallely Ortiz como regidora, quien adicionalmente está a cargo de la Comisión de Equidad de Género y grupos vulnerables. Sin embargo, sin razón alguna, la regidora no era convocada a las sesiones, ni recibió mobiliario, ni recursos humanos para poder llevar a cabo su función desde que asumió el cargo. Tampoco tuvo respuestas a los oficios que giraba al alcalde y demás integrantes del Ayuntamiento. No recibió su pago de aguinaldo en los plazos previsto para ello e, incluso, fue señalada de cometer actos delictivos.
Cuando no fue reconocido uno de los programas que ella impulsó y se le invisibilizó en la presentación pública del mismo, la regidora acudió ante las instancias electorales, y acreditó la obstrucción del ejercicio de su cargo ante la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); la cual acreditó que se estaba ejerciendo Violencia Política por razón de Género (VPG), lo que fue confirmado por la Sala Superior al identificar el trato diferenciado que existía hacia la regiduría que ella encabeza.
Ambas salas coincidieron en la legalidad de ordenar a los órganos electorales locales incluir al actual presidente municipal en un registro de ciudadanos que tengan en su contra, sentencias por Violencia Política de Género, para ser tomado en consideración por la autoridad en el próximo proceso electoral ordinario 2020-2021, si éste decidiese postularse a algún cargo de elección popular, lo que eventualmente podría invalidar su candidatura.
A pesar de que el presidente municipal argumentó que la emisión de esta lista puede afectar sus derechos político- electorales de manera irreparable, en su aspiración a contender como candidato a presidente municipal o diputado federal, la Sala Superior en su sentencia SUP-REC-91/2020, no sólo válido la constitucionalidad de la misma, sino que modificó la resolución de la Sala Xalapa, para vincular al Instituto Nacional Electoral (INE), de manera que este organismo autónomo instaure el registro nacional de personas sancionadas por ejercer este tipo de violencia.
Dicho instrumento podría constituir un indicador para acreditar ante las autoridades responsables, el requisito de modo honesto de vivir, que exige la ley para registrarse a un cargo de elección popular ya sea local o federal, y es acorde con lo previsto en la reciente reforma en materia de violencia política de género, aprobada en abril de este año.
El INE, a través de la consejera electoral Carla Humprey, manifestó que acatará la sentencia del TEPJF, y realizará el registro público de personas intercomunicado entre autoridades jurisdiccionales y administrativas, tanto a nivel nacional como local, listado que se elaborará a partir del inicio del proceso electoral federal 2020-2021 que iniciará en septiembre de este año.
Aún deberán definirse varios aspectos en los lineamientos que emita el INE en su momento; por ejemplo: el criterio de la temporalidad en que las personas sentenciadas formarán parte del listado en función de la gravedad de la falta, y si la misma amerita consecuencias para poder o no aspirar a un cargo de elección popular.
Sin embargo, la integración del listado marca, por sí mismo, un precedente importante de consecuencias jurídicas para inhibir conductas que, de tan repetitivas, son aceptadas tácitamente por la comunidad.
Aún se tienen grandes retos en materia de los derechos políticos de las mujeres: procesos democráticos al interior de los partidos que garanticen a todas sus militantes la posibilidad de ser candidatas, el estar a cargo de Comisiones de Gobierno y de Finanzas, recibir recursos económicos equitativos para sus campañas, mayor y mejor tratamiento por parte de los medios de comunicación.
Estos son sólo algunos de los aspectos donde la desigualdad de condiciones para competir se hace evidente entre hombres y mujeres en cada elección. La prevención, eliminación, sanción y reparación de actos de violencia política contra las mujeres es todavía incipiente en nuestro país. Sin embargo, las instancias electorales están trabajando para erradicarlos.
A nosotros como sociedad nos corresponderá exigir de nuestros candidatos y candidatas, transparencia y honestidad, y por supuesto, hacer de nuestro voto un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, donde no tenga cabida la violencia en cualquiera de sus formas, en quien pretenda representarnos
Empoderamos ciudadanía a través de la información.
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