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jueves, 20 de agosto de 2020

De la argumentación

 

Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, Tlax., 20 de agosto de 2020) Cada vez son más desconcertantes los argumentos con los que se busca discutir el asunto de presunta violencia política en el Congreso del Estado.

Esta mañana, algunos de los diputados y diputadas señalados por haber incurrido en acciones que vulneraron los derechos políticos de sus compañeras durante la sesión del pasado 28 de mayo, en la que -por cierto- se votaba para prevenir y sancionar la violencia política en razón de género, manifestaron su postura sobre el tema.

Hoy, los argumentos para haber rechazado el artículo segundo transitorio (que buscaba que las listas de diputaciones por representación proporcional fueran encabezadas por mujeres) fueron que las cuatro legislaturas que ya habían avalado la armonización no lo consideraron, que es un tema electoral y no de violencia política, y que no se interpretó correctamente a quienes propusieron la medida.

Para empezar hay que decir que nada más que la falta de voluntad política les impedía aprobar esa reforma aunque no se hubiera hecho en otras entidad. No sería la primera vez que una legislatura toma la iniciativa de ir más allá de lo que simplemente le demanda una armonización o las leyes federales, siempre que no las contravengan.

Sobre el tema de que no era parte de violencia política, hay que recordar que éste es un problema estructural que ha afectado que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales y que acciones afirmativas como la que tomaron las autoridades electorales de Tlaxcala en 2018 abonan a reducir esa brecha histórica.

Como sea, ojalá realmente las legisladoras del PRI, PVEM, MC y NA que forman parte de esta legislatura gracias a esa medida, pues sus partidos no se mostraron muy contentos con ella en su momento, tengan claro el coste que les puede derivar. Como lo expresé anteriormente, están en total libertad de disentir, pero sí deja mucho para pensar en tema de ética y deja la duda sobre qué tanto les afectará a ellas y ellos y a sus partidos en la próxima contienda electoral.

Por cierto, hay que poner el ojo en cómo gastan los institutos políticos ese porcentaje de su presupuesto que debe estar enfocado a promover el liderazgo político de las mujeres; pues de no ser por la falta de cuadros conformados por ellas, no se entiende la búsqueda reiterada por obstruir su participación.

Esta mañana indicaron, y cito, que "parecería que el discurso feminista, el discurso de paridad, y los colectivos accionan cuando las plurinominales están en juego". No hay que olvidar que organizaciones y activistas han mostrado su interés en atender estos y otros temas, y tampoco que una propuesta en materia electoral presentada por estos legisladores fue incrementar el número de representantes plurinominales de 10 a 15. 

¿Esto no es poner los intereses en juego? Al final queda claro que en esta lucha, cada quien busca ganar, defender o recuperar espacios. Por supuesto que nunca es atractivo cuando lo hace el contrario.

Además, los diputados y diputadas denunciados señalaron que este proceso "sentará las bases de la esperanza para no ser rehenes del discurso romántico feministaPara poder debatir entre iguales y no entre violencias tolerantes y silenciosas"; discurso que deja entrever la visceralidad con la que se está abordando el tema y una falta de oficio político que puede volcarse en su contra.

Finalmente, su principal argumento (y probablemente el único) que tienen para hacer frente a este conflicto es la autonomía del legislativo. Mientras que los demandantes tendrán que plantear una estrategia de defensa muy bien fundada para demostrar que lo pasó el 28 de mayo fue, como sostienen, un acto de violencia política.

Como sea, el tratamiento de este tema constituye ya un precedente en la entidad y a nivel nacional sobre el abordaje de estos asuntos, y su desenlace también permitirá un importante aprendizaje para instituciones, partidos, legisladores y activistas en la materia.

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