Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, Tlax., 11 de julio de 2019) Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC's) iniciaron un proceso penal en contra de un médico que labora tanto en un hospital privado de Apizaco como en uno público, por violencia obstétrica.
En conferencia de prensa, la abogada Yeny Charrez Carlos, de Mujeres con Poder, indicó que esta persona no cuenta con cédula profesional para realizar labores obstétricas o ginecológicas; a pesar de lo cual labora en el Hospital San Martín de Porres de Apizaco y en un hospital del sector público que aún están por precisar.
Refirió que la denuncia iniciada ante el Agente del Ministerio Público es por el probable delito de usurpación de profesión y por lo que resulte. En este sentido, destacó que la violencia obstétrica no está tipificada como delito en el Código Penal de Tlaxcala; por lo que pueden proceder por un delito equiparable como es tortura.
Agregó que el médico se ostenta como ginecobstetra en ambas instituciones de salud y como asistente especialista en fertilidad, aunque no cuenta con documento profesional que lo avale para ejecutar esta actividad.
La persona afectada es una mujer que fue obligada a someterse a una cesárea, producto de la cual dio a luz a una niña. Esto ocurrió pese a que ella no estuvo de acuerdo con el procedimiento, pidió ser atendida por su ginecóloga de cabecera y también se le negó compañía de algún familiar.
Además, Charrez Carlos informó que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CEAMT) les proporcionó copia simple del expediente clínico de la paciente; del cual se desprenden diversas irregularidades, por ejemplo que la mantuvieron sedada de las 18 a las 24 horas de ese día y que no se hace constar quiénes -aparte del médico en mención- participaron en el procedimiento.
En la denuncia también se expone que a pesar de que se argumentaba la urgencia de intervenirla, fue trasladada de Tlaxcala a Apizaco. También consta que sacaron sangre a la menor para una prueba de ADN que no fue realizada en el hospital privado, sino en uno público.
A propósito, Aurora Villeda Temoltzin, destacó que es importante que las mujeres conozcan sus derechos al momento de ser atendidas durante el embarazo y el parto; puesto que no les deben, gritar, humillar, ser obligadas a una césarea, ser objeto de tactos por diferentes personas, tampoco se les puede negar la entrada a un hospital; ya que todo esto constituye una violación a sus derechos humanos y violencia obstétrica.
Por último, Eréndira Jiménez Montiel, representante de Nosotrxs, insistió en la necesidad de tipificar la violencia obstétrica en el Código Penal local y llamó a las instituciones de salud a no permitir que personas sin la certificación correspondiente atiendan a las mujeres; así como a garantizar un parto humanizado.
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