Zurya Escamilla Díaz (México, 9 de enero de 2018) El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, acusó al Gobierno Federal de incumplir con un convenio para la transferencia de recursos por más de 700 millones de pesos como revancha por las investigaciones contra la corrupción por las que ya se involucró a varios ex funcionarios de la administración encabezada por el priista César Duarte Jacques.
Acompañado por diversas personalidades de la política, el activismo la academia y los integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, el mandatario estatal aseguró que su compromiso es romper con el pacto de impunidad que prevalece en las instituciones chihuahuenses; mismo que dejó a la tesorería de la entidad con sólo 21.8 millones de pesos disponibles, una deuda por más de 50 mil millones y un déficit cercano a los 8 mil millones de pesos.
"No vamos a negociar estas investigaciones ni por 70 millones ni por todo el presupuesto de Chihuahua porque a la larga todo México pierde", remarcó. Detalló que las indagaciones ya dieron como resultado 39 procesos penales iniciados, 30 órdenes de aprehensión libradas por los tribunales - de las cuales 16 se han cumplimentado y 10 son contra el ex gobernador César Duarte; además, 23 vinculaciones a proceso dictadas por los jueces y cinco sentencias condenatorias.
Destacó entre los resultados la detención, el pasado 20 de diciembre de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, secretario general adjunto del Revolucionario Institucional (PRI); así como la vinculación a proceso por el delito de robo agravado de 250 millones de pesos que fueron desviados a campañas políticas mediante contratos simulados de prestación de servicios.
Aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto conoce perfectamente de la situación que prevalece en Chihuahua y detalló que, con fecha 14 de diciembre, se firmaron varios convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la transferencia de recursos: 44 millones 777 mil pesos en proyectos de desarrollo regional, 35 millones 334 mil en obras de fortalecimiento a la labor legislativa y 700 millones de pesos para el fortalecimiento de las finanzas públicas; los cuales -dijo- eran necesarios para el pago de salarios, prestaciones y proveedores.
Javier Corral señaló que la razón de SHCP para no realizar esta última transferencia fue una caída en la recaudación de la hacienda pública nacional; sin embargo, observó que Chihuahua fue la única entidad que no recibió los recursos convenidos, cuando ya en 2014, 2015 y 2016 se efectuaron transacciones similares.
"Se pretende imponer al pueblo de Chihuahua una represalia económica desde el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto", acusó.
Agregó que en una reunión sostenida el 4 de enero con el titular de Hacienda, José Antonio González Anaya, y funcionarios tanto federales como estatales; el secretario sostuvo que tomaron la decisión unilateral de incumplir con el convenio debido a que la investigación que efectúa la Fiscalía de Chihuahua por peculado pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos.
El gobernador puntualizó que este argumento carece de validez jurídica; puesto que no se investiga la validez del convenio, sino la ilegalidad del destino.
Aseguró que su administración se ha preocupado por sanear las finanzas públicas de la entidad mediante políticas de austeridad, ahorro, fiscalización, aumento de la recaudación.
"Hemos tocado el modus operandi de la corrupción política en México... Lo hemos acreditado técnica y documentalmente", afirmó. También sostuvo que sería una ingenuidad pensar que estas prácticas no hayan sido replicadas en otras entidades del país, pero reconoció que no está entre sus facultades investigarlas.
"En suma, el gobierno de Chihuahua ha actuado contra la corrupción y el gobierno de Peña Nieto actúa contra el pueblo de Chihuahua", recalcó. Por ello, aseguró que no va a ceder ante represalias ni amagos; por lo que pidió al mandatario federal rectificara esta decisión y que las instancias encargadas de la procuración de justicia cumplimenten las órdenes de aprehensión en contra de su antecesor.
Ante estas declaraciones, el Presidente del país manifestó que se trata de un acto con fines políticos y aseguró que no existe discordia con el gobierno de aquella entidad.
Por su parte, el secretario González Anaya manifestó que se han hecho las transferencias conforme a la ley y que el gobierno de Chihuahua recibió 2 mil millones de pesos extraordinarios, producto de excedentes petroleros. No obstante reconoció que los 700 millones de pesos convenidos no fueron depositados y manifestó que difícilmente se hará ahora, debido a que ya cambió el ejercicio fiscal.
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