Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 17 de noviembre de 2026
El Congreso local
aprobó reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) este
martes, a través de las cuales se fija un límite a las remuneraciones de sus
integrantes, se convierte su Contraloría Interna en autoridad garante de
transparencia y se modifica la organización de la Defensoría Pública Electoral.
Las modificaciones son
resultado de dos propuestas hechas por las magistraturas del organismo y
dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia
y Asuntos Políticos.
El dictamen establece
que los magistrados, el secretario de Acuerdos y demás personal judicial
electoral recibirán una remuneración irrenunciable, en términos del artículo
127 de la Constitución federal, que no podrá ser mayor a la recibida por la
persona titular del Ejecutivo federal.
La disposición
también obliga a observar los principios de austeridad y racionalidad del
gasto, incluso respecto de las percepciones relacionadas con la conclusión del
encargo, así como lo previsto en el apartado C del artículo 95 de la
Constitución local.
Para su
cumplimiento, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) deberá proporcionar al
TET la información necesaria.
En cuanto a la
Contraloría Interna, ésta fungirá como autoridad garante del derecho de acceso
a la información pública y de protección de datos personales.
Con esa atribución,
podrá interpretar y aplicar la normativa correspondiente, además de recibir,
sustanciar, investigar y resolver quejas, denuncias, recursos de revisión y
otros medios de impugnación derivados de las obligaciones de transparencia y
acceso a la información.
Su actuación deberá
sujetarse a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tlaxcala y demás ordenamientos aplicables.
En materia de
defensa de los derechos político–electorales, el Congreso modificó el segundo
párrafo del artículo 98 Bis para establecer que la Defensoría Pública Electoral
estará a cargo de una o más personas defensoras, conforme a las necesidades del
servicio.
Con ello se
sustituye el esquema de una titularidad con nivel equivalente a dirección por
una integración que, según los argumentos de la comisión, permitirá responder a
la carga de trabajo y a la demanda de orientación, asesoría y representación
jurídica de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.
Para ello,
establecieron que las personas defensoras serán designadas por el pleno del
TET, a propuesta de su presidencia y el Tribunal deberá prever anualmente en su
proyecto de presupuesto los recursos humanos, materiales y financieros
necesarios para el funcionamiento de ésta.

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