Programa Estatal de Trata registra avance de 11%, pese a más de 2 mil mdp gastados: CFJG

• Mediante un comunicado, el Centro recalcó que una política integral no puede enfocarse en la judicialización

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 2 de noviembre de 2026

La atención a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual debe darse de forma integral desde la prevención y no solo a través de procesos judiciales, indicó el Centro Fray Julián Garcés en un comunicado en referencia a los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 9 de octubre de este año respecto a que el trabajo coordinado de autoridades federales y estatales en Tlaxcala ha dado como resultado algunas detenciones.

    "La judicialización sin la complementación de un proceso de prevención desde la educación formal, es un pozo sin fondo. Se ha demostrado que el sistema proxeneta, y por tanto la trata, se reproducen a partir de prácticas y creencias sociales que pueden ser desestructuradas a partir de procesos educativos permanentes y progresivos que permitan entender las violencias que se ejercen sobre las víctimas y generar el rechazo de la problemática, evitando así el surgimiento de víctimas y victimarios", refirieron en el comunicado.

    Como parte de su boletín semestral, exigieron reconocer la problemática en su justa dimensión y no sólo con base en las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE); así como la aplicación de una política pública integral conforme lo marca la ley y el propio Programa Estatal contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres 2022 – 2027, con acciones para alcanzar sus objetivos.

    Señalaron que lo expresado por la presidenta es reduccionista porque se centra en la judicialización, pero descuida temas como la prevención y protección de las víctimas que son premisas de la legislación internacional con el fin de evitar el enganche y la generación de victimarios.

    "Sabemos que la prevención es posible, porque durante más de diez años como sociedad civil y academia la hemos impulsado de manera exitosa en escuelas ubicadas en municipios afectados por redes de tratantes; sin embargo, para que tenga un impacto significativo en el ámbito estatal, es necesario que desde la Secretaría de Educación Pública se asuma como política pública tal como lo mandata el Programa estatal".

    Asimismo, expusieron que el Programa Estatal registraba -hasta junio 2026- a 11 por ciento de avances en los objetivos e indicadores establecidos para el periodo 2022-027, pese a que se han destinado 2 mil 978 millones 271 mil 963 pesos.

    "Esto tiene como resultado que las redes de trata siguen ampliándose y continuando sus operaciones nacionales e internacionales", señalan los activistas.

    Además, indican que los datos sobre la persecusión de este delito no reflejan la realidad del problema, puesto que las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no aportan datos de víctimas en tres años de la actual administración, sino de casos antes de la ella, a pesar de que sí ha habido solicitudes de atención; y las cinco carpetas abiertas en este año tampoco permiten dimensionar el tema.

    Un total de 53 víctimas de trata acudieron a la FGJE, de acuerdo con información pública solicitada por el Centro; lo que permite observar que este organismo no cumplió con la persecución del delito, a pesar de que así lo mandata la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas; además de que en 2025, la Fiscalía reconoció no tener modelos de atención para víctimas de trata y tampoco casa de medio camino para ellas.

    A la letra esta fracción dice que “El Ministerio Público y los policías procederán de oficio con el inicio de la indagatoria por los delitos en materia de trata de personas.” Y esta obligación también se establece en el artículo 10 de la Ley Estatal en Materia de Trata de Personas.

    También señalaron que el gobierno estatal no ha tenido la capacidad de reconocer a víctimas ni de detener a tratantes mediante los operativos que realizan.