Planear, diseñar y construir espacios incluyentes, propone reforma de Gabriela Hernández

• La legisladora planteó que las personas con discapacidad, adultas mayores y quienes se dediquen a los cuidados participen en procesos de infraestructura

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 3 de noviembre de 2026

Con el propósito de que las autoridades y particulares estén obligados a planear, desarrollar y ejecutar infraestructura accesible para las diferentes condiciones humanas, pero también para que los espacios públicos sean diseñados con perspectiva de género, la diputada Gabriela Hernández Islas planteó reformas a las leyes de obras públicas, de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de Tlaxcala.

    “La desigualdad no se expresa únicamente mediante diferencias de ingreso o acceso formal a programas. También se fija físicamente en el territorio. Una localidad sin ruta peatonal continua, una parada sin conexión accesible, un centro de salud con desniveles, una oficina con información incomprensible o una plaza sin iluminación adecuada limitan el ejercicio de derechos aun cuando el servicio exista administrativamente. La infraestructura puede acercar oportunidades o convertir la distancia, el tiempo y el riesgo en costos que sólo algunas personas están obligadas a soportar”, expuso la legisladora.

    Por ello, propone incorporar a la legislación conceptos como accesibilidad universal que deben cumplir entornos y elementos para que las personas puedan acceder en igualdad e condiciones, comodidad y autonomía; ajustes razonables a espacios para personas con discapacidad; diseño universal de productos, programas y servicios; perspectiva de género como metodología para el diseño de espacios.

    Además, Hernández Islas plantea la participación de los sectores afectados -personas con discapacidad, mujeres, infancias, personas cuidadoras, personas adultas mayores- en los procesos de evaluación y seguimiento tanto a los ajustes razonables como al diseño, ejecución y uso de los espacios públicos.

    En este sentido, enfatizó que las personas que usan los espacios públicos y que ven limitada su movilidad en ellos tienen información que las instituciones no suelen registrar; por lo que sumar a la población en los procesos permite identificar tiempos, pendientes, puntos inseguros, obstáculos, necesidades de descanso, problemas de orientación y trayectos de cuidado.

    De modo que se garantice a todas las personas, sin discriminación, el “derecho a vivir, transitar, habitar y disfrutar ciudades y asentamientos humanos sustentable, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, accesibles, democráticos y seguros”.

    Finalmente, la diputada indicó que el diseño incluyente responde al curso de la vida y a las circunstancias que cambian para las personas con la edad, con lesiones o enfermedades; por lo que mantener los espacios con base en un estándar de personas adultas obliga a hacer adaptaciones contantes, mientras que una que prevé la diversidad es útil por más tiempo y reduce la dependencia.