- ITIFE fue el que recibió más observaciones por pagos fuera de tiempo
Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 4 de noviembre de 2026
El gobierno de Tlaxcala deberá aclarar el destino de 18.9 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el segundo informe de auditorías a la cuenta pública 2025 que se publicó el pasado 29 de octubre.
De acuerdo con información del Sistema Público de Consulta de Auditorías, a Tlaxcala se le realizaron nueve auditorías: siete especializadas en entidades federativas y dos más de municipios.
La notificación de cinco pliegos de observaciones que realizó la ASF se encuentra aún en tránsito; la más representativa es por 16.6 millones de pesos, otra más por 1.2 mdp; una tercera por 0.9 mdp, otra 0.2 mdp, y una por monto menor.
Los fondos involucrados en las observaciones de la Auditoría son el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que tiene como propósito destinar recursos para instalaciones y equipamiento en educación básica y superior; y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).
Con relación al FAM, el Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) fue el ente con mayor número de observaciones debido a que aplicó 16 millones 633 mil 863.24 pesos por recursos para infraestructura en educación básica y superior fuera de los tiempos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Además, el gobierno de Lorena Cuéllar deberá aclarar 897 mil 679.82 pesos por recursos comprometidos no pagados, a lo que deberán sumar rendimientos financieros al 31 de marzo de 2026.
La ASF también identificó un millón 169 mil 140.01 pesos del FAM pendientes de aclarar por concepto de sanciones que fueron aplicadas a contratistas por el retraso de obras y sin explicar a qué se destinó ese recurso.
Por lo que resta a recursos del FAETA, la Auditoría observó mil 583.31 pesos por recursos remanentes no pagados y las cargas financieras a partir de ellos.
Finalmente, 152 mil 044.70 pesos que deberá aclarar por la falta de documentación que acredite el perfil académico de un trabajador del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), puesto que no se localizó en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
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