- En la sesión, Bladimir Zainos planteó ampliar el plazo para que sindicaturas revisen las cuentas públicas
Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 10 de septiembre de 2026
La diputada Gabriela Hernández Islas propuso adicionar la Ley de Salud Mental y Comportamiento Adictivo para Tlaxcala con la finalidad de refozar el papel de los municipios y las instituciones en la prevención del suicidio; así como establecer parámetros para identificar factores de riesgo y establecer rutas de acompañamiento.
Previo a la presentación de la iniciativa, la morenista refirió que tras el accidente que le ocasionó la discapacidad motriz con la que vive, también pensó en concluir con su vida como una salida a los cambios que vivía.
"Hubo días en que el dolor que tenía y el dolor de aceptar esa nueva realidad fue tan grande que llegué a pensar que ya no quería seguir aquí. Quizá, hoy alguien que escuche estas palabras se siente exactamente así. Si estás cansado se luchar, si crees que nadie te entiende, si crees que no hay otra salida, por favor, quédate. No porque tu dolor no sea real, no porque tengas que ser fuerte todo el tiempo, quédate porque este momento no tiene que ser el final de tu historia", expresó en tribuna.
La legisladora recalcó que el suicido es un problema de salud pública complejo, prevenible y generado por múltiples causas; por lo que su prevención debe ser una responsabilidad prioritaria y una acción continua para identificar factores de riesgo, señales de alerta y acceso oportuno a servicios.
En consecuencia, planteó fortalecer la ruta de atención desde el nivel municipal para garantizar atención oportuna a través de un Programa Municipal para la Prevención y Atención de Conductas Suicidas que incluya un diagnóstico, acciones de promoción de salud mental, acciones diferenciadas por sectores poblacionales, entre otras.
Zainos propone ampliar plazo para que sindicaturas revisen cuentas públicas
Por otra parte, el diputado Bladimir Zainos Flores propuso adicionar la Ley Municipal de Tlaxcala a fin de que las sindicaturas cuenten con al menos seis días para revisar las cuentas públicas que deben ir firmadas por quien ocupa este cargo en los ayuntamientos, ya que actualmente solo son tres días para revisar documentación de tres meses.
"La labor de las sindicaturas en la fiscalización de los recursos constituye un pilar de control democrático y de sanidad financiera en el ámbito local, ya que este órgano municipal tiene encomendada de forma expresa la vigilancia de los recursos públicos y la representación legal del ayuntamiento", enfatizó el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización.
Además, el legislador plantea que en caso de que la persona titular de la sindicatura se niegue a firmar la cuenta pública, deberá presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior el motivo de su omisión; de no hacerlo, la cuenta se tendrá por validada.
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