Reforma a Ley de Seguridad establece un mínimo de policías municipales y norma el servicio policial de carrera

Diputadas advirtieron que sin voluntad política y presupuesto suficiente sólo será letra muerta

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 23 de septiembre de 2025

El Congreso del Estado avaló reformas a la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana que envió el Poder Ejecutivo con la finalidad de crear una Academia de Policía que sustituirá al Instituto de Formación y Capacitación Policial; así como establecer las Mesas de Paz como entidades de coordinación en actividades de seguridad pública, disposiciones para evitar que violentadores accedan a algún cargo en las corporaciones oficiales y fijar que las policías municipales deberán contar con un mínimo de un policía por cada mil habitantes.

    Este último punto fue tema de observación por parte de la diputada Blanca Águila Lima, quien pidió reservarlo y modificarlo para establecer que el mínimo de policías debe considerar tanto a los elementos operativos municipales como a los asignados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sea igual al establecido en estándares internacionales que actualmente es de 2.8 policías por cada mil habitantes, según la Organización de Naciones Unidas (ONU). No obstante, la propuesta fue rechazada.

    Mientras que la perredista Laura Yamili Flores Lozano indicó que esta meta de un policía por cadamil habitantes no sólo no alcanza los estándares internacionales y ni siquiera el promedio nacional real de 1.7 elementos por la misma proporción de población; sino que puede caer en la inoperancia o incluso provocar endeudamiento a los municipios debido a los recursos limitados con los que cuentan para sus corporaciones de seguridad que no solo incluyen salarios, sino tecnología, operación e infraestructura.

    Si bien acompañaría la reforma debido a que armoniza la legislación local con la federal, la legisladora advirtió que sin voluntad política de mejorar la estrategia preventiva, de nada servirá la reforma; además de que puede significar una carga financiera para los municipios; fragmentar la institución o duplicar funciones al especializar la Policía Estatal en nuevas figuras como procesal, industrial, bancaria y custodia.

    Asimismo, Laura Flores cuestionó que se busque implementar un modelo de formación policial sn asegurar antes que los controles de confianza que están vigentes realmente funcionen; también señaló que serán necesarios organismos autónomos de vigilancia para el otorgamiento de permisos a empresas que prestan servicio de seguridad privada a fin de evitar corrupción y discrecionalidad en el otorgamiento de autorizaciones, creación de empresas exprés ligadas a personas en el poder, o arbitrariedades en la cancelación de permisos.

    Esta reforma que fue aprobada como la remitió la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros transfiere los recursos y compromisos del Instituto de Formación y Capacitación Policial a una Dirección de Formación, Capacitación y Profesionalización de Seguridad Ciudadana que tendrá a su cargo la Academia de Policía para la profesionalización de los elementos de seguridad estatales y municipales,.

    También establece a la Mesa de Paz como instancia coordinadora de las acciones de seguridad relacionadas con delitos de alto impacto, atención a las causas de la violencia y la delincuencia, resultados de la operación de la estrategia de seguridad, por mencionar algunas. Por otro lado, el documento  prevé la participación social para integrar propuestas, experiencias y necesidades al funcionamiento de las instituciones de seguridad  mediante foros, consultas públicas, talleres u otros mecanismos.

    Delega en el tiular de la SSC la dirección y operación del Sistema de Registro de Emrpesas Prestadores del Servicio de Seguridad Pública; establecer el Servicio Profesional de Carrera Policial que tendrá esquemas de profesionalización, correctivos y sanciones, certificación reclutamiento, promoción, reconocimiento, reingreso, siempre basado en el respeto a la dignidad de las personas.

    Del mismo modo prevé que las corporaciones municipales de seguridad deben integrarse por al menos un policía por cada mil habitantes; todo su personal debe estar inscrito en el Registro Nacional de Seguridad Pública, 65 por ciento de sus integrantes deberá contar con certificación individual.

    Además, la norma aprobada señala que en el empleo de las personas en las instituciones de seguridad se debe garantizar la igualdad sustativa; no admitirá a personas sentenciadas por la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual o el normal desarrollo psicosexual, por delitos cometidos con dolo, violencia familiar o violencia política en razón de género en sus diferentes modalidades, no haber sido declarada como persona deudora alimentaria morosa; o haya incurrido en violaciones a los derechos humanos.

    La reforma prevé que las instituciones de seguridad cuidadana cuenten con una unidad de asuntos internos para conocer quejas y denuncias contra sus integrantes; una unidad antiextorsión, y un consejo de honor y justicia conocerá sobre asuntos del régimen disciplinario.

    De acuerdo con esta norma, el Centro Estatal de Información mantendrá bajo reserva y como confidencial los registros relacionados con detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas y órdenes de protección, medidas cautelares,  soluciones alternas,  y personas sentenciadas.

Con esta reforma, no hay pretextos para no dar resultados en seguridad

En asuntos generales, tanto al diputada Miriam Martínez Sánchez (PAN) como Blanca Águila se refirieron a los recientes resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) que mostraron un aumento en la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes para Tlaxcala, así como pendientes en delitos como robo a casa habitación, robo de vehículo y extorsión.

    Ambas señalaron que el gobierno de Tlaxcala tiene importantes retos en materia de seguridad y enfatizaron que con esta reforma ya no hay pretextos para que la SSC que encabeza Alberto Martín Perea Marrufo no dé resultados; ya que cuenta con herramientas legales suficientes para hacerlo. 

    No obstante, Águila Lima subrayó que los cambios deben ir acompañados de presupuesto suficiente para garantizar su implementación, atacar las causas que alimentan la violencia y realizar evaluaciones periódicas al personal de la policía, así como plantear estrategias para que la seguridad deje de ser el eslabón débil del gobierno estatal debido a la improvisación.