Sentencia contra Saúl Rosales evidencia un racismo de Estado convertido en criminalización: expertos

OSC señalaron que no se aplicó una perspectiva de interculturalidad ni se respetó el principio de presunción de inocencia

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 12 de agosto de 2025

Foto ilustrativa. Movilización de pobladores de Tlalcuapan 2022, exigen liberación de sus autoridades

El proceso judicial de Saúl Rosales, ex presidente de comunidad de San Pedro Tlalcuapan en Chiautempan ha reforzado los estereotipos contra pueblos y comunidades indígenas que han terminado por criminalizarlo, coincidieron defensores de derechos humanos durante el conversarorio "Cuando la discriminación se vuelve criminalización" al que convocó la Red de Abogadas Indígenas de Puebla y el Centro Pro Derechos Humanos.

    En un encuentro virtual, Alicia Meléndez, directora del Centro ProDH, afirmó que el caso de Saúl Rosales debe abordarse con un enfoque de derechos humanos y presunción de inocencia, pues pese a que la defensa ha demostrado que no participó en el linchamiento de un hombre en 2022 y más bien trató de resguardarlo, pese a no contar con facultades ni con elementos de seguridad, se le condenó a 20 años de prisión.

    Señaló que los juzgadores le condenaron bajo la premisa de que no hizo lo duficiente para proteger la vida de la persona linchada. Sin embargo, el cargo de presidente de comunidad es honorífico y la función de seguridad corresponde al nivel estatal y municipal que sí se encontraban en el lugar, pero fueron omisos en la actuación.

    Asimismo, señaló que hay elementos discriminatorios en el caso, pues prevaleció el prejuicio de que el linchamiento es parte de los usos y costumbres de Tlalcuapan, a pesar de que no hay evidencias ni dictámenes que comprueben dicha afirmación.

    Alicia Meléndez, familiar de Saúl, indicó que el encarcelamiento desde hace tres años ha afectado no sólo a la familia, sino a la comunidad y especialmente al Colectivo Saneamiento y Restauración de la Montaña del cual formaba parte

    Por su parte, Joaquín Sánchez Cedillo, abogado de la Clínica Jurídica Minerva Bello en la IBERO Puebla, indicó que la criminalización es una práctica estructural contra personas defensoras de recursos naturales y derechos humanoa, así como de comunidades indígenas que es posible a causa de un racismo de Estado que se manifiesta en estereotipos que van del discurso a la norma.

    Respecto a la discriminación a nivel normativo, el especialista detalló que surge en dos dimensiones: directa cuando se construye un sistema legal que vulnera expresamente los derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas; pero también indirecta cuando la aplicación de las leyes terminan por afectar a este sector de la población

    En ese sentido, agregó que la sentencia en contra de Saúl Rosales es muestra de un uso excesivo del derecho penal y de la prisión preventiva oficiosa para criminalizar la defensa del medio ambiente al acusarlo en su carácter de presidente de comunidad de actos u omisiones que no recaen dentro de las facultades que le confiere el pueblo.

    De igual forma, puntualizó que no aplicar una perspectiva judicial de interculturalidad no sólo es una omisión procesal, sino que es ejemplo de racismo judicial.

    El abogado sostuvo que el amparo contra la sentencia de 20 años de prisión que condenó a Saúl por homicidio calificado, tendría que resolverse antes de septiembre porque con el cambio de autoridades jurisdiccionales producto de la reforma al Poder Judicial, quienes lleguen tendrán una curva de aprendizaje importante en la que cabe la duda no sólo de que haya un real entendimiento del Derecho, sino de que realmente apliquen una perspectiva intercultural y de que haya garantías de independencia judicial.