- Este fin de semana tuvo lugar el Primer Encuentro de la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia en Tlaxcala
Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 26 de enero de 2025
Reunidas en Tlaxcala para el Primer Encuentro de la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia, 65 organizaciones de la sociedad civil de 18 entidades del país demandaron establecer en la Ley General de Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente la figura de "entidad federativa envenenada" a fin de atender las emergencias socioambientales que aquejan a la mayor parte de los estados del país.
En el evento que tuvo lugar en la Sala de Ejercicios de la Basílica de Ocotlán, los activistas exigieron que se ponga un alto a nueve proyectos o acciones que se llevan a cabo en diferentes entidades: a construcción del Ecoparque Tlalli en La Malinche del lado de Puebla; el ingreso de material radioactivo a Temascalapa, Estado de México; la entrada de insecticidas que matan abejas; la instalación de empresas petroquímicas en la bahía de Ohuira en Topolobambo, Sinaloa; el uso de tecnologías que afectan el curso natural del agua; los proyectos de transferencia de agua en bloque entre cuencas; y el cierre de granjas porcinas y avícolas en el anillo de cenotes de Yucatán del que dependen 53 municipios.
Como parte de estas demandas, también plantearon que "el Congreso federal modifique la LGEEPA para establecer la figura de entidad federativa envenenada y el estado de Yucatán sea declarado como entidad envenenada, por la acción impune de las industrias pecuarias, cerveceras, industriales, agroexportadoras y turísticas".
Al término de la asamblea que reunió a 186 activistas en materia ambiental, quienes fueron convocados por el Centro Fray Julián Garcés y la Coordinadora por un Atoyac con Vida, señalaron que desde hace décadas ha habido un deterioro progresivo del entorno y proliferación de enfermedades crónico degenerativas provocadas por actividades extractivas, tecnologías nocivas, concentración urbana que han sido fomentadas por los gobiernos federales con el argumento de atraer más inversión extranjera para la generación de empleos.
"Nuestra exposición a esas sustancias y procesos contaminantes nos ha privado del ejercicio pleno de nuestros derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, a un ambiente sano, a la biodiversidad, al agua, a la alimentación, a la cultura, a un trabajo, vivienda y hábitat dignos, sustentables y en paz, así como a la información verdadera (colectiva y científica), a la justicia, a la petición y todos los derechos asociados a aquellos", detallaron.
Así, la población mexicana en diferentes entidades se ha enfrentado a enfermedades tan diversas como el cáncer, insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes, malformaciones congénitas, anemia, por mencionar algunas; aunado a que ha sido despojada de tierras, costas, aguas y aires limpios, cuyos efectos no se compensan con el incremento salarial o con políticas de atención a las problemáticas como es la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Si bien reconocieron que el gobierno federal contemple acciones para el saneamiento de las cuencas Lerma-Santiago, Tula y Atoyac, las organizaciones externaron su preocupación porque a la par de estas acciones contenidas en el Plan Hídrico Nacional no se desincentiven prácticas que atentan contra el medio ambiente como la construcción de parques industriales, minería a cielo abierto o la instalación de empresas resultado del proceso de relocalización o nearshoring que no solo tienen efectos en el ambiente, sino también en la política institucional e incluso jurídica.
Las 65 organizaciones reconocieron el trabajo realizado en Tlaxcala para visibilizar y atender la contaminación de la cuenca del Alto Atoyac; por lo que sumaron a exigir la restauración integral con la participación de la sociedad civil, comunidades afectadas, personal científico que han dado seguimiento a la situación; y retomar la información generada durante el sexenio pasado a través de los Proyectos de investigación e incidencia (Pronaiis) del entonces Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
También pidieron que el saneamiento considerado en el Plan Nacional Hídrico, en el caso del Atoyac, contemple los 52 municipios de Tlaxcala, 23 de Puebla y tres del Estado de México, puesto que según el anuncio del gobierno federal se invertirá recurso sobre todo en Tlaxcala; que el plan también abarque la contaminación del cuelo y aire; así como la prevención y atención de enfermedades de personas afectadas.
Además, demandaron que se garantice la defensa de la soberanía nacional; se reconozca la injusticia socio ambiental que prevale en todo el país; una revisión crítica de los marcos regulatorios en materia de agroquímica, salud laboral, asbesto, contaminación de aguas, aires y suelos, acceso popular y gestión de recursos vitales, bioseguridad, entre otras; que la sociedad civil pueda intervenir en la revisión del Plan México y otros encaminados a promover el nearshoring.
Las y los activistas también demandaron respeto y fortalecimiento del laboratorio nacional de toxicología; reconocimiento de las contralorías ciudadanas de agua, aire y suelos; freno a la importación de residuos tóxicos y regulación de los existentes en el país; garantizar un auténtico instrumento de consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente; la revisión profesional en ámbitos estratégicos; y la derogación de la Ley de Aguas Nacionales para que sea sustituida por una Ley General de Aguas
"Exigimos el cese a la persecución política, la criminalización y las agresiones a las personas defensoras de los territorios, la salud y los derechos humanos. Demandamos justicia para nuestros compañeros y compañeras asesinadas o desaparecidas, así como a quienes están llevando procesos criminales en su contra", concluyeron.
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