Diputadas proponen reformas para prevenir matrimonios infantiles y proteger a hijos de víctimas de feminicidio

Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 12 de octubre de 2023) Diputadas locales presentaron iniciativas de reforma al Código Penal y al Código Civil de la entidad a fin de prevenir y sancionar los matrimonios infantiles y/o forzados, así como para proteger a menores hijos e hijas de víctimas de feminicidio durante la sesión ordinaria celebrada este jueves en el Congreso del Estado.

Buscan prevenir matrimonios infantiles

    La diputada Diana Torrejón Rodríguez presentó reformas a estos ordenamientos y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con la finalidad de prevenir tanto los matrimonios infantiles como los matrimonios forzados; al anular la dispensa que el primer ordenamiento concedía a los jueces para autorizar el matrimonio de menores de edad “por causas graves y justificadas”.

    De modo que con la reforma al Código Civil y a la Ley de Protección, la iniciativa prevé eliminar la dispensa de matrimonio; reglamentar la solicitud de nulidad de matrimonio por edad, establecer que la contrayente menor de edad queda bajo la tutela de sus progenitores hasta alcanzar los 18 años, pero cuando el contrayente sea una persona adulto ésta tutela no podrá extinguirse -siempre que la menor se niegue a continuar con el matrimonio- y el juez deberá dar vista al Ministerio Público. Asimismo, establece sanciones para los padres y madres cuando se trate de un matrimonio ilegal.

    En la Ley de Protección a menores también establece que quienes ejerzan la patria potestad deberán acudir a la autoridad competente cuando haya uniones tempranas entre adolescentes para que la declare ilegal, de modo que ambos deberán regresar con sus familias hasta que cumplan los 18 años; y en este periodo no se permitirán encuentros furtivos de la pareja.

    Por lo que respecta al Código Penal, propone que sea considerada violación cuando "sin violencia (se) realice cópula con persona menor de edad; y operará la agravante con el embarazo del pasivo del delito", lo mismo cuando el acto se cometa en contra de una persona que no tenga la capacidad de entender el significado del acto. También, imponer agravantes para la violación equiparada en caso de que sea cometida por más de una persona, haya relación filial o de tutela, quien la cometa sea servidor público, o la víctima esté bajo influjo de estupefacientes

 

    De igual forma, planteó establecer el delito de Cohabitación forzada de personas menores de edad o que no tienen la capacidad para comprender o resistir el hecho; el cual ocurre cuando alguien obliga, coacciona, induzca, solicite, gestione y oferte a una o varias personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento; lo que podrá penarse con entre ocho y 15 años de cárcel.

Proponen ampliar protección a hijos e hijas de mujeres asesinadas

    Mientras que la  diputada  María Guillermina Loaiza Cortero presentó una iniciativa para reformar el Código Civil a fin de que los derechos de patria potestad se pierdan cuando quienes la ejerzan tengan hábitos nocivos (consumo de alcohol, afición a juegos de azar, uso no terapéutico de enervantes), inflija malos tratos y otra acción que implique abandono de deberes y comprometa la integridad de los menores; también quien sea condenado por feminicidio de la madre de los niños, niñas y adolescentes.

    Estos derechos también podrán ser suspendidos a quien evite la convivencia de los menores con quien está judicialmente reconocido a tenerla; y cuando haya vinculación a proceso por delito de feminicidio en contra de la madre de los menores.

    Respecto a su propuesta de modificaciones al Código Penal, la morenista plantea como agravantes por feminicidio que la víctima sea menor de edad, con discapacidad, esté embarazada, sea adulta mayor, haya una relación con el feminicida, o bien sea cometida en presencia de quien pueda ser considerada víctima indirecta.

    En este ordenamiento también propone la pérdida de patria potestad, guardia y custodia, visitas y convivencias, por parte de quien comete el delito en caso de que tenga hijos con la víctima; mientras que las autoridades deberán garantizar la protección y prestación de servicios de ayuda inmediata, asistencia, atención y reparación integral del daño a los menores.