Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 30 de octubre de 2023) Las autoridades no han alcanzado a dimensionar lo que significa la violencia feminicida y ello impide tener avances en la erradicación del problema, coincidieron activistas en el conversatorio "Retos y deudas institucionales para la prevención y la atención integral de la violencia feminicida".
Durante el evento "Caminemos juntas hacia la justicia", Vanesa Tapia de la colectiva independiente Medusas Sufragistas puntualizó que la sociedad no ha entendido lo que es la violencia de género y cómo escala hasta traducirse en violencia feminicida entendida como todas las condiciones que integran contra la integridad de las mujeres.
Esto lo atribuyó a que existen deficiencias institucionales desde las familias que continúan en la reproducción de enseñanzas patriarcales que estereotipan a las mujeres y niñas en determinados roles y las preparan el mundo de los hombres; además de que esta situación se refuerza en las instituciones públicas como las escuelas.
Por su parte, Rosario Texis Zúñiga, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser) en Tlaxcala, expresó que una de las principales deficiencias para atender el problema es la actuación de las instituciones del Estado que no reconocen la violencia feminicida en sus diferentes expresiones antes de llegar al feminicidio, lo que redunda en que no haya medidas de protección adecuadas para las víctimas.
En este sentido, señaló que no hay refugios suficientes para dar cabida a todas las mujeres, sus hijas e hijos, que requieren salir de un círculos de violencia, tampoco acompañamiento ni siquiera suficiente difusión sobe los canales para hacer llegar las denuncias; por el contrario, tienden a culpabilizarlas y a revictimizarlas.
Al hacer uso de la voz, Edith Méndez Ahuactzi, directora del Colectivo Mujer y Utopía, enfatizó que es necesario cambiar la estrategia de "medir la violencia" a través del violentómetro; puesto que si bien ha servido como un instrumento para visibilizar sus diferentes manifestaciones, en los hechos la violencia no siempre crece de forma gradual.
Asimismo puntualizó que atender este problema requiere de presupuestos asignados, políticas públicas preventivas y protocolos de investigación que alcancen los tres niveles de gobierno; toda vez que los municipios no cuentan ni con herramientas ni conformación y son las primeras instancias a las que se acercan las mujeres, sin que muchas veces el personal sepa cómo actuar.
Finalmente, indicó que es necesario el tránsito de una procuraduría de justicia a una fiscalía que tenga independencia del gobierno y que ponga como prioridad la atención de las personas; ya que al estar subordinada el Ejecutivo se fomenta la reclasificación de delitos que se convierte en un obstáculo de impunidad para atender los casos de violencia y, recalcó, el no hacerlo coloca a más mujeres en riesgo de padecerla.
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