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jueves, 10 de agosto de 2023

Reprueba Congreso cuentas públicas de FIDECIX y CAPAZ; avala las de 25 entes

Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 10 de agosto de 2023) El pleno del Congreso del Estado determinó reprobar las cuentas públicas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Público de Zacatelco (CAPAZ) y del Fideicomiso de Ciudad Industria Xicohténcatl (FIDECIX) correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022.


    En sesión extraordinaria, la Comisión de Finanzas y Fiscalización presentó los primeros 27 dictámenes de cuentas públicas respecto al ejercicio de recursos en 2022; en este caso,  determinó que la CAPAZ obtuvo 65.5 puntos de 100 con un daño patrimonial de un millón 147 mil 446.24 pesos equivalente a 9.8 por ciento del presupuesto ejercido. Toda vez que el puntaje mínimo aprobatorio es de 70 puntos, este ente fiscalizable no lo alcanzó.


    Por lo que respecta al FIDECIX, el probable daño patrimonial observado por el Órgano de Fiscalización Superior fue de siete millones 935 mil 871.24 pesos que asciende a 25.9 por ciento del presupuesto devengado; lo que implicó un uso irregular de los recursos por parte de este ente que tuvo a la cabeza a Humberto Macías Romero; de modo que su cuenta también fue reprobada.


    Por lo que respecta a las comisiones de agua potable de Apizaco, Chiautempan, Huamantla y Tlaxcala, las cuentas públicas fueron aprobadas. No obstante, el OFS también observó probable daño patrimonial en el caso de Apizaco con un millón 210 mil 710.96 pesos; de Chiautempan por 396 mil 730.44 pesos; de Huamantla por 859 mil 081.80 pesos; y de Tlaxcala por un millón 583 mil 384.04 pesos.


    Entre las 25 cuentas públicas que fueron avaladas por el Congreso este jueves, al haber obtenido puntajes superiores a 70 y que aún así tuvieron probable daño patrimonial que se tendrá que investigar, estuvieron la del Poder Judicial que tuvo observaciones por 154 mil 140 pesos que equivale a 0.5 por ciento del gasto devengado; el Colegio de Bachilleres (COBAT) con 33 millones 519 mil 382.89 pesos que representan 6.1 por ciento del presupuesto.


    El Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) por 46 mil 093 pesos (0.3%); el Colegio de Estudios Científicos y tecnológicos del Estado de Tlaxcala (CECyTE) por 19 millones 335 mil 853 pesos; la Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala (CEAT) por 460 mil 297.68 pesos; el Consejo Estatal de Población (COESPO) por mil 078.50 pesos; El Colegio de Tlaxcala, A.C. por 490 ml 487.42 pesos; el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (FOMTLAX) por mil pesos.


    Además, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Tlaxcala (ICATLAX) con 28 mil 789.35; el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), con 985 mil 458.86; el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco por un millón 638 mil 697.31 pesos; el Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) por un millón 907 mil 905.27 pesos; el Instituto de Educación para Adultos (ITEA) por un millón 016 mil 856.91 pesos; el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud) por 30 millones 214 mil 691.36 pesos; el Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela de Terapia Física y Rehabilitación (CRI Escuela) por 86 mil 716.97 pesos; el Patronato "La Libertad Centro Cultural de Apizaco"; y el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) con 138 mil 809.83 pesos.


    Destaca que algunos entes solventaron la totalidad de observaciones por manejo de recursos, de modo que el OFS determinó que no tuvieron daño patrimonial. En esta situación están el Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación del Daño y Víctimas y Ofendidos; el Centro de Conciliación Laboral; el Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales; y la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación superior (COSSIES).


    Aun en los casos donde las cuentas públicas fueron aprobadas, el Congreso instruyó a la Dirección de Auditoría a Entes Estatales, a la Unidad de Investigación, a la Dirección e Asuntos Jurídicos y al OFS coadyuvar con las autoridades para promover responsabilidades -en caso de existencia- ante el Tribunal de Justicia Administrativa por faltas administrativas graves y a los órganos internos de control de cada ente en casos no graves; así como iniciar las denuncias  correspondientes cuando se presuma un delito.

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