Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 11 de mayo de 2023) Madres víctimas de violencia vicaria y sus abogadas han iniciado procedimientos de comisión por omisión por actos de corrupción contra juzgadores y agentes del ministerio público, informaron este jueves durante una manifestación en la ciudad de Tlaxcala.
"Hoy, muchas madres víctimas de violencia vicaria, ya no están en lucha con los progenitores, los sustractores y deudores; ahora, la lucha es con los impartidores de justicia, con la corrupción, con el tráfico de influencias", señaló una de las manifestantes.
Ante el Palacio de Justicia, donde tocaron la puerta para entregar un posicionamiento y ante la falta de respuesta colocaron pancartas sobre la fachada; señalaron que todas ellas han sido víctimas de jueces, ministerios públicos, personal del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) que desconocen en qué consiste esta forma de violencia y no toman en cuenta los antecedentes de violencia.
"La violencia vicaria no es que el papá o la mamá no deje ver al otro progenitor, eso no es violencia vicaria, sí es una violencia, pero no es violencia vicaria. La violencia vicaria es cuando cada una de nosotras como madres decidimos terminar la relación o poner límites con la violencia recibida previamente del progenitor, todas ya fuimos víctimas de violencia física, sexual, económica, pusimos pensiones alimenticias, solicitamos divorcias; entonces es ahí, cuando ya se perdió el control sobre nosotras, que recurren a violentarnos con nuestros hijos, llevándoselos, sustrayéndolos, ocultándolos y privándolos del vínculo materno filial", refirió y agregó que "la violencia vicaria no existiría sin violencia institucional".
Por su parte, María Isabel Vásquez Hernández, integrante de la Red de Abogadas Feministas de Tlaxcala (Redafem), señaló que mientras las juezas y magistradas se fueron a festejar el Día de la Madre; al menos 25 mujeres no pudieron estar en compañía de sus hijos o hijas porque su padre los ha arrebatado. Si bien indicó que hay más casos que las madres no han autorizado visibilizar, los 25 inscritos en el documento que también pegaron a la puerta de Palacio de Justicia corresponden a jueces que son omisos para ejecutar sus propias sentencias en materia de pensión alimenticia; mientras que otras están detenidos y unos más fueron enviados a archivo.
"Todos los días está aumentando el número de mamás a las que les quitan a sus hijos, lo pero de todo es ue muchos de los agresores están en el Poder Ejecutivo, en el poder municipal, en el Poder Judicial", informó. Por ello es que ya han empezado a promover denuncias de comisión por omisión contra los juzgadores.
En el pronunciamiento que pretendían entregar al Poder Judicial, señalaron que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia -pero también de SEDIF y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)- obstaculizan el derecho de acceso a la justicia, retardan la programación de juntas familiares, y las revictimizan de muchas formas, una de las más frecuentes al pedirles negociar con el padre de sus hijas a hijos, pese a que existen antecedentes de violencia física, psicológica, económica y patrimonial.
"Las mujeres víctimas de violencia vicaria no vamos a mediar y/o conciliar con nuestros agresores o autoridades que nos han ejercido violencia", sentenciaron.
En consecuencia, pidieron a las instituciones del Estado mostrar compromiso con los derechos humanos de ellas, sus hijas e hijos; sensibilizarse y aplicar tanto protocolos con perspectiva de género y de infancias, como lineamientos de convivencia en el marco de la ley y sin revictimizarlas.
En particular, señalaron que personal del Poder Ejecutivo carece de sensibilidad y perfiles idóneos para atender a las mujeres y las infancias; así como por ser omiso en publicar en el Periódico Oficial la reciente reforma en materia de violencia vicaria. En este sentido, indicaron las y los integrantes del Poder Legislativo carecen de perspectiva de derechos humanos de mujeres y las infancias; puesto que las recientes reformas en la materia han sido impulsadas por la sociedad civil.
"Hoy también nos sumamos a las demandas que nuevamente hacen las feministas colectivas, académicas y organizaciones para que se apruebe la minuta de la reforma constitucional sobre la 3 de 3; es decir, no mas violentadores, agresores sexuales y deudores alimentistas morosos en el poder, lo anterior, porque es su obligación legislar a favor de los derechos humanos de las mujeres y las infancias, quienes vivimos violencia vicaria les recordamos que los agresores, violentadores y deudores alimentarios también son violentadores vicarios y algunos de ellos están el poder a nivel estatal y municipal y en los diferentes espacios, lo que impide que la justicia sea posible".
Mientras que al Poder Judicial reclamaron la falta de imparcialidad y celeridad en los procesos judiciales; la revictimización y los señalamientos de juzgadores que las identifican y les reprochan el manifestarse. "No es justo que alzar la voz sea sinónimo de criminalización, pedimos no retardar los procedimientos de las mujeres víctimas de violencia vicaria en Tlaxcala, lo único que queremos es actuar conforme a derecho, con transparencia, perspectiva de género e infancias, que se garantice nuestro derecho a vivir libres de violencia".
Finalmente, la CEDH le exigieron revisar la actuación de visitadoras y visitadores por la falta de aplicación de protocolos en derechos humanos.
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