Redacción (Tlaxcala, 9 de mayo de 2023) En la sesión ordinaria de este martes, congresistas integrantes de la LXIV Legislatura presentaron proyectos de reforma a las leyes de educación y en materia de transparencia, a fin de generar protocolos para atención de bullying y promover la cultura de la transparencia.
En principio, Vicente Morales Pérez, presentó al Pleno del Congreso del Estado la iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifican diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, en materia de prevención de la violencia escolar.
El legislador por MORENA señaló que, de acuerdo a la Encuesta de Cohesión Social sobre Violencia y Delito, aproximadamente el 46 por ciento de los jóvenes entre los 12 y 29 años de edad sufrieron algún tipo de violencia o abuso en México durante 2014; también, que el 42.6 por ciento de los casos fueron propiciados por sus compañeros de clase.
Lo anterior, dijo, indica que el bullying o violencia escolar es uno de los problemas más frecuentes que representa un atentado a la dignidad, integridad física y educación de la niñez. Por ello, manifestó que es una obligación, tanto de las autoridades educativas como del Estado, garantizar la protección de la niñez y las adolescencias, procurando evitar que, a la larga, sufran efectos psicoemocionales y sociales.
Ante dicha realidad, Vicente Morales propuso que las instituciones educativas elaboren su propio protocolo de actuación en casos de violencia escolar, y que traten de resolver estos mediante el diálogo, adoptando las medidas preventivas de actuación y correctivas necesarias. De esta manera, podrán tener conocimiento de las situaciones de riesgo que enfrenta el alumnado, a fin de lograr que el Estado garantice y proteja su dignidad humana y su derecho a la educación.
Morales Pérez refirió que, en las instituciones donde se detecten casos de abuso y violencia, los directivos deberán establecer pautas de actuación si ocurren en flagrancia, implementar medidas para salvaguardar la integridad de los menores, documentar la investigación correspondiente, citar a los padres de familia e implementar acciones de atención integral a los casos.
Y que se reconocerá como violencia escolar la violencia directa, indirecta, verbal, psicológica, cibernética, sexual y de exclusión social, por lo que el agresor será acreedor a una medida disciplinaria, además de que se deberá dotar de atención psicológica y de trabajo social, para que se coadyuve en resolución del conflicto.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, del mismo grupo parlamentario, presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.
Con esta iniciativa se busca reformar la Ley local de Transparencia para beneficio de todos los entes involucrados, donde se considere el procedimiento de integración del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, (IAIP), la estructura orgánica de éste, así como los procesos que brinden mayor certeza jurídica tanto para el gobernado como para los sujetos obligados.
En ese sentido, según lo establecido por la Ley General en la materia, se debe pugnar por garantizar no sólo el conocimiento en los temas afines, sino privilegiar la experiencia tanto en cargos de dirección como en asuntos de transparencia y protección de datos personales, incorporando en el consejo a las organizaciones de la sociedad civil para que emitan sus opiniones, y así garantizar la autonomía e independencia de las personas que en su oportunidad resulten designadas.
El legislador resaltó que “la comunicación referente a lo que ocurre en el entorno político y social de México y de Tlaxcala es de suma relevancia para los ciudadanos, por lo que es indispensable fortalecer la cultura cívica de la transparencia en la sociedad, pronunciándose no sólo como un derecho a la información pública, sino también como un motivo de análisis, debate y difusión de los conflictos e intereses colectivos, permitiendo así un amplio criterio ciudadano en la materia”.
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