Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 12 de mayo de 2023) Familiares de personas que se encuentran en prisión preventiva imputadas por delitos que -aseguran- no cometieron, demandaron a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial garantizar el acceso a la justicia tanto estas personas como a las familias de los delitos que les achacan.
Al hacer uso de la voz, la señora Guadalupe Rodríguez, tía de Pedro N, imputado por un homicidio ocurrido en Huamantla señaló a la juez Nancy Moreno Vázquez de desestimar las pruebas que han aportado para comprobar que el joven originario de Guanajuato no estuvo involucrado con el crimen, sino que se trata de un homónimo del presunto culpable, y de estar del lado de los agentes del Ministerio Público que no han podido respaldar su participación.
Indicó que la fecha, Pedro lleva 249 días detenido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Apizaco; mientras que la persona que lo acusó de ser responsable del crimen "se encuentra sustraído de la justicia" y hay documentación integrada al expediente que no es original, sino copia simple. Por ello, pidió a la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) revisar la actuación del personal, y a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros vigilar a la PGJE
"Queremos un juicio imparcial, donde se tomen en cuenta las pruebas de la inocencia de Pedro. No es justo que por no aceptar que son seres humanos y cometen errores, él esté preso; ya que con las pruebas se han demostrado. [...] No es el único este caso donde se han fabricado las pruebas, sí queremos que se haga justicia, pero mi sobrino es inocente. [...] Tlaxcala es un pueblo de injusticia que se rige solamente por estadísticas", puntualizó.
Por su parte, Edelmira Martínez Herrera, originaria de Oaxaca, indicó que su hija Carla se encuentra privada de la libertad en el CERESO Femenil de Apizaco desde hace tres años y seis meses, acusada de ser la autora materia del feminicidio de una mujer frente a la Estancia Infantil del ISSSTE ubicada en Loma Bonita, Tlaxcala; con el único argumento de haber tenido relación con la pareja de la víctima
Al mostrar fotografías del video donde aparece la responsable de haber disparado e indicar que las características físicas de la mujer en el video no corresponden a las de su hija, la señora originaria de Oaxaca puntualizó que no solo existen los videos, sino muchas personas que presenciaron el feminicidio y que pudieran dar testimonio de que Carla no fue la responsable; pero las autoridades niegan su existencia y tampoco quieren presentar otro tipo de evidencia somo sábanas de llamadas telefónicas.
"Quiero decir y gritar tanto, pero por debido proceso, por los procesos debemos procesos penales debemos guardar el sigilo de las investigaciones; investigaciones que nunca llegan, que terminan a modo y que con tal de conseguir una culpable, la encarcelaron engañando que había detenido a la culpable", expresó a medios de comunicación.
Precisó que por todas las irregularidades en el proceso, inició una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a la que se le dio carpetazo y aunque también denunció omisiones de agentes del Ministerio Público, la procuradora rechazó intervenir
El abogado de Carla recalcó que todos están convencidos de que lo feminicidios deben castigarse, pero mientras acusan a esta mujer del crimen, la verdadera responsable sigue libre; en tanto las audiencias se han prolongado desde 2019, puesto que los jueces las programan con dos o tres mes de diferencia,
En tanto que María Maricela Rocha Méndez enfatizó que teme por la vida de su hija, Maricela Itze, quien se encuentra privada de la libertad en el CERESO Femenil de Apizaco desde 2021, acusada por su ex pareja por 14 delitos que se han acumulado en el desarrollo del proceso y que la mantienen detenida a pesar de que no existen pruebas de que los haya cometido; luego de que decidiera separarse de él tras varios años de violencia y salir de la casa donde vivían con sus pertenencias personales, pero sin las de los menores.
Explicó que durante su matrimonio, Maricela Itze fue apartada de su familia, vivía en constante vigilancia dentro de su casa donde había 26 videocámaras, y vivía diferentes formas de violencia e infidelidades que terminaron hacerla decidir dejar a su marido e interponer una denuncia por violencia familiar. Sin embargo, mientras este recurso legal para ella no prosperó, él logró que el juez Alfonso Méndez Acametitla la vinculara a proceso, la llevaran a prisión preventiva y la mantiene bajo amenaza de muerte, puesto que existe un seguro de vida millonario que él mismo contrató y del cual es el único beneficiario.
La misma señora María Maricela estuvo acusada de robo y estuvo en prisión preventiva domiciliaria y actualmente lleva más de un año que va a firmar cada mes; además de que fue víctima de un atentado, por lo que teme tanto por su seguridad como por la de su familia. "Este señor tiene mucho dinero, muchísimo como ustedes no se imaginan y aquí hay mucha hambre, no es justo. Yo quiero que todo sea conforme a la ley, que jueces, ministerios públicos actúen conforme a la ley".
Al hacer uso de la voz, el activista Efrén López Hernández, de la Red Estatal de Víctimas, comentó que la exigencia de justicia continúa y quieren hacer una mesa de trabajo con quienes tienen que ver con la procuración e impartición de justicia a fin de que las familias y abogados les hagan saber los "tropiezos" que encuentran en los procesos.
Refirió que a dos años del feminicidio de su hija, Cecy, y con 17 pruebas incriminatorias contra el asesino confeso, los abogados del imputado se acogen a las lagunas que existen en el sistema de justicia. "No es posible que para unos sí puedan exigir l cambio de una medida cautelar, porque tienen prisión preventiva, cuando son feminicidas confesos, asesinos confesos; pero cuando hay familias exigiendo que sus hijas están injustamente detenidas y no están con las pruebas firmes no hay justicia y tarde años", apuntó.
En su intervención, la abogada Yeny Charrez Carlos, de Mujeres con Poder, aseveró que tanto víctimas como activistas se sienten retados porque si bien hay personas detenidas por algunos crímenes y en un primer momento se cree a las autoridades cuando dan a conocer de estos aseguramientos; esto se viene abajo cuando resulta que las personas apresadas no son las culpables de los delitos que se les imputan.
Agregó que si bien no todos los casos ocurrieron en la actual administración estatal, ésta sí tiene la responsabilidad de verificar y atender las irregularidades; puesto que, de lo contrario, incurren en simulaciones. Por ello, llamó a garantizar el acceso a la justicia y cerrar el paso a personas violentadoras en los puestos públicos como es el caso de Luis Antonio Ramírez Hernández, titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), quien enfrenta una denuncia por incumplimiento de pago de pensión alimenticia.
"Lo único que nosotros creemos es que debe haber verdaderas sentencias ejemplares; pero que como en todo sea una certeza jurídica que los culpables estén en la cárcel y no se fabriquen algún presunto o presunta culpable", puntualizó.
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