Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 16 de mayo de 2023) El pleno del Congreso del Estado avaló la minuta de proyecto de decreto que contiene la reforma constitucional federal conocida como "3 de 3 contra la violencia" a fin de evitar que personas deudoras de pensión alimenticia y que hayan sido sentenciadas por violencia familiar o sexual puedan acceder a cargos públicos.
Con esta determinación, Tlaxcala se convirtió en el estado 11 en avalar esta reforma -impulsada desde la sociedad civil- a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política federal que fue avalada en el Senado de la República el pasado 28 de abril.
Del dictamen -leído por las legisladoras Diana Torrejón Rodríguez y Lorena Ruiz García- se desprende que la violencia familiar y contra las mujeres es cada vez más evidente en la sociedad; ya que se presenta como un acto de abuso de poder con el objetivo de someter, dominar y controlar a otras personas mediante la humillación, la agresión económica y patrimonial.
Asimismo, la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, y Asuntos Políticos argumentó que "la obligación alimentaria significa la preservación del valor primario: la vida y el sano desarrollo de las personas. Por ello, es importante señalar que quien quiera ocupar un cargo público y sea deudor alimentario cumpla cabalmente con sus obligaciones legales en tiempo y forma".
De modo que con la reforma, el artículo 38 determina que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden cuando hay orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; por delitos contra la vida y la integridad corporal; la libertad y la seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia doméstica familiar; por violencia de las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades; y por se declarada como persona deudora alimentaria morosa. En consecuencia no podrá ser postulado a un cargo de elección popular o nombrado a un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Mientras que en los requisitos para acceder a la titularidad de la Fiscalía General de la República se requiere no haber sido condenado por delitos dolosos.
Durante la sesión estuvieron presentes activistas feministas, quienes aplaudieron la validación de la minuta federal y recordaron a las y los integrantes de la LXIV Legislatura que queda pendiente la reforma a nivel local; toda vez que los transitorios del dictamen establecen que las legislaturas locales deberán hacer la armonización correspondiente en un plazo de 180 días.
Reconocen violencia obstétrica como violencia de género
En la misma sesión, el pleno avaló la iniciativa presentada por la diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez a través de la cual reconocen la violencia obstétrica como una forma de violencia de género en la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Salud.
De este modo, establecieron que la violencia obstétrica es todo acto y omisión, negligente o dolos, por parte de personal médico, auxiliar o administrativo en el sector salud público o privado que cause daño o perjuicio en la salud física o psicoemocional de una mujer durante el embarazo, parto o puerperio.
Para prevenirla, el sector salud deberá capacitar y sensibilizar a los prestadores de servicios; garantizar que los establecimientos cuenten con personal capacitado e idóneo; difundir los derechos de las mujeres en materia obstétrica; llevar un registro de casos; así como generar programas, protocolos y lineamientos de atención obstétrica.
También deberán promover el parto humanizado, lo que implica atención personalizada y continua; el no interferir en el proceso natural del embarazo a menos que haya un riesgo evidente; reconocer y respetar las necesidades individuales; respetar la intimidad; favorecer la libertad de movimiento y posición de la mujer en el parto; respetar sus decisiones y privilegiar el vínculo inmediato de la madre con su hija o hijo.
Propone Zainos Flores garantizar igualdad salarial en el servicio público
En la sesión ordinaria de este martes, el diputado Bladimir Zainos Flores propuso reformar la Ley Laboral de los Servidores Públicos a fin de garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres; ya que en promedio ellas ganan 21.1 y 24.9 por ciento menos que ellos.
Refirió que a partir de la nueva política laboral, se ha reducido esta brecha en 20 por ciento; sin embargo si no se aborda el tema con perspectiva de género se desconocen problemas estructurales como que las mujeres tienen una mayor carga de trabajo no remunerado en el hogar y dedican más del doble de tiempo a él que los hombres, lo que redunda en acceso a menores salarios.
Con estas condiciones, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) considera que la igualdad salarial entre géneros podría ocurrir hasta en 2133; por lo que a través de este proyecto propone obligar a los ayuntamientos a impartir capacitación y adiestramiento a servidores públicos; integrar sus expedientes y remitir los informes que les soliciten para el trámite de las prestaciones sociales; y garantizar que "a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales, trabajo igual".
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