Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 19 de abril de 2023) A lo largo de 21 años de labor, el Centro Fray Julián Garcés. Derechos Humanos y Desarrollo Social, A.C., mantiene su resistencia y trabajo comunitario a pesar de la simulación y cinismo de las instituciones frente a problemáticas como la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y la devastación socioambiental de la cuenca Atoyac-Zahuapan, afirmó su directora Alejandra Méndez Serrano, durante la presentación de su informe anual de actividades.
La presentación del "XXI Informe de Actividades. Tejiendo resistencia comunitaria en nuestra cuenca Atoyac-Zahuapan" tuvo lugar en el atrio de la Basílica de Ocotlán toda vez que el ayuntamiento encabezado por Jorge Alfredo Corichi Fragoso no autorizó el cierre de la calle 13 en la Lola Xicohténcatl donde tradicionalmente se lleva a cabo; hecho que enfatizaron es un obstáculo para que la comunidad haga uso del territorio.
Méndez Serrano destacó que la inconsistencia de la legislación sumada a la avaricia de las empresas ha generado grandes estragos a las tierras en el afán de impulsar la industria en el estado debido a que su ubicación resulta estratégica en términos de comunicación y comercio; lo que a su vez trae aparejado el desarrollo de problemáticas sociales como la trata de mujeres y niñas, así como otras violaciones a los derechos humanos.
"Aquellas y aquellos que desde hace más de dos décadas andamos este camino miramos cómo va pasando el tiempo. A veces nos desesperamos ante la indolencia y cinismo del gobierno del Estado, el atropello de las empresas mexicanas y extranjeras y la impunidad en que se desenvuelve las redes de tratantes. Otras veces -las más- entretejemos acciones convencidas de que debe haber un saneamiento integral en la cuenca, atención a las comunidades y personas afectadas; medidas de no repetición y una vida libre de trata para las mujeres y niñas", manifestó.
La directora del Centro refirió que en poco más de dos décadas han documentado que la contaminación del Alto Atoyac trasciende el territorio de Tlaxcala donde 53 de los 60 municipios se encuentran involucrados, para sumar a 27 del estado de Puebla y cuatro del estado de México; situación que deja en claro que la división política del territorio no delimita los problemas de la devastación socioambiental derivada de la instalación de corredores industriales sobre cual, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 10/2017 debido al impacto que esto ha tenido en la salud de quienes habitan a lo largo del río.
Recordó que esta recomendación fue promovida por la Coordinadora por un Atoyac con Vida y el Centro Fray Julián Garcés a fin de que reconociera la relación entre la contaminación y los daños a la salud. No obstante, aunque no se ha cumplido a cabalidad, los gobiernos no han tenido de otra que reconocer el problema y responder a las demandas de las comunidades que junto a la academia construyeron una propuesta para su saneamiento integral y reparación del daño.
Aseveró que esta simulación del gobierno se muestra en el impulso de la industria sin condiciones como una de sus principales líneas de trabajo, lo que expone a la población a los efectos devastadores de esta política; lo mismo ocurre con el Legislativo, donde la diputada Marcela González Castillo presentó la Ley para Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento que tiene una perspectiva privatizadora, orientada a favorecer a las empresas.
Por lo que respecta a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, destacó que esta forma de violencia sexual prevalece, incluso con nuevas formas de enganche y captación. No obstante, la administración de Lorena Cuéllar Cisneros ha negado que existan casos en la entidad desde el inicio de su gobierno, lo cual fue respaldado por la procuradora Ernestina Carro Roldán al aseverar que en 2022 hubo una sola carpeta de investigación, cuando a través de solicitudes de acceso a la información conocieron que de enero a mayo de ese año, documentaron 37 denuncias por este delito sin que se abriera una carpeta ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la información del resto del año fue reservada con el argumento de que se trata de datos personales, cuando la organización pidió estadísticas.
"Es decir, que ahora para no visibilizar la realidad de estos problemas también niega datos estadísticos. Así la narrativa del Ejecutivo es decir que la trata se reduce a la existencia de carpetas, no a la presentación de denuncias, ni mucho menos al abordaje de un problema que por un lado es difícil de denunciar y por otro es tan patente en nuestro contexto que la Procuraduría tendría que iniciar carpetas de oficio y hacer análisis de contexto como se le confiere la ley, y las demás instituciones actuar con base en sus áreas de competencia", enfatizó.
Resaltó que en 2022 lograron que se aprobara el Programa Estatal Contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Mujeres y Niñas 2022-2027, lo cual fue un trabajo importante de incidencia, principalmente integrado con aportaciones del Centro y de la academia; a pesar del avance, éste no se ha llevado a la práctica ni se han definido líneas de monitoreo.
Si bien ha habido fisuras en algunos órganos de gobierno para atender estas dos problemáticas, como es el sector educativo, aún quedan importantes pendientes. "En términos generales, tenemos un gobierno Estatal actual orientado al impulso del turismo y la promoción para traer industrias; mientras minimiza la devastación socioambiental y la trata de mujeres en el estado. Su discurso a ratos es contradictorio, pero en todo caso los hechos reflejan claramente esa minimización de las problemáticas por parte de las instituciones estatales", manifestó Alejandra Méndez.
La activista detalló que a largo de este año han mantenido la denuncia constante y posicionamientos ante estos rema; la articulación con la sociedad civil y la academia; desarrollan dos proyectos de la mano del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); mantienen vigente una escuela de participación; han incidido en el sector educativo estatal; brindan acompañamiento a 25 grupos comunitarios, en su mayoría asociados con la Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala.
Además han tenido participación en Miami Florida, Estados Unidos donde abordaron la problemática de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual; tuvieron la visita del Toxitour Alemania; se reunieron con el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar para hablar sobre la problemática de trata de personas; y tuvieron la visita del relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en materia del derecho humano al agua y su saneamiento, Pedro Arrojo Agudo; entre muchas otras actividades artísticas, comunitarias y académicas.
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