Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 19 de marzo de 2023) El estado de Tlaxcala tiene el desafío de generar un gobierno democrático del agua y garantizar su no privatización ni mercantilización, afirmó Pedro Agudo Arroyo, relator especial sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Este viernes, tuvo lugar el foro "Retos para garantizar el derecho humanos al agua y su saneamiento en Tlaxcala donde el relator manifestó su preocupación por las prácticas tendientes a privatizar el acceso al agua potable e incluso a especular con ella en bolsas de valores cuando actualmente hay dos mil millones de personas sin acceso al agua potable y cuatro mil millones sin acceso al saneamiento básico.
Destacó que el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho fundamental para el acceso a otros como la salud y la integridad de mujeres y niñas que son la población más expuesta a abusos sexuales cuando tienen que alejarse de sus domicilios para ir al baño.
Ante este escenario, Arroyo Agudo consideró que los dos principales desafíos de la población tlaxcalteca son hacer las paces con los ríos y fuentes agua de la mano de comunidades y pueblos indígenas a fin de recuperar la ingeniería natural que garantice agua en buen estado para todos; así como promover un gobierno democrático del agua que no privatice ni mercantilice este bien vital.
Se congratuló de la organización que ha iniciado en las comunidades de Tlaxcala y que logró la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) para proteger este derecho humano; por lo que les convocó a continuar en la búsqueda de establecer parámetros apropiados para que cada comunidad pueda acceder al agua y a su saneamiento.
Las organizaciones de la sociedad civil convocantes de este foro consideraron necesario desechar la iniciativa de "Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala” debido a que -consideran- abre el camino a la privatización de este elemento y a sancionar el derecho a la libertad de expresión contra quienes estén en contra de la norma.
En su intervención, Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, puntualizó que dicho proyecto no toma en consideración la realidad de Tlaxcala y tampoco la Cuenca del Alto Atoyac, ya que omite la recomendación de la CNDH; no integra un plan integral de saneamiento; ni considera que esta cuenta es una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA); que la industria vierte la contaminación más peligrosa, pues se han detectado 102 sustancias contaminantes; y no fortalece a los comités comunitarios del agua en el estado que desde hace décadas administran el agua potable.
Mientras que Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM indicó que a pesar de que se ha evitado -por una década- modificaciones a la Ley General de Aguas para evitar su privatización, en estados como Quintana Roo, Puebla, Aguascalientes, Querétaro y Tlaxcala han presentado proyectos en este sentido.
Por lo que se respecta a la entidad, precisó que la iniciativa no tiene un enfoque de derechos humanos, por lo que se torna inconstitucional y contrario a las convenciones firmadas por el Estado mexicano; además de que pretende someter a los comités comunitarios de agua a una lógica municipal; tiene una tendencia privatizadora; y establece mecanismos de sanción y criminalización de la protesta social.
Durante el foro, ciudadanos y ciudadanas de los municipios mayormente afectadas por la contaminación de la Cuenca del Alto Atoyac expusieron cómo ha cambiado su vida y el entorno a partir de la industrialización; por lo que se sumarán a las organizaciones de la sociedad civil y personas de la academia para dar seguimiento a la iniciativa y a la protección del derecho humano al agua,
El foro fue convocado por el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., la Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV) y la Pastoral Social en su dimensión de Derechos Humanos.
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