Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 27 de marzo de 2023) El Congreso del Estado de Tlaxcala ha sido omiso en realizar armonizaciones a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura conforme a la reforma federal publicada el 26 de junio de 2017, así como en crear una fiscalía especializada en esta materia; por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) urgió al Poder Ejecutivo y Legislativo a tomar las acciones pertinentes en la materia.
Este lunes, el organismo nacional autónomo presentó el informe Diagnóstico sobre armonización legislativa en materia de prevención, investigación y sanción de la tortura, del cual se desprende que únicamente cinco entidades (Coahuila, Jalisco, Sonora, San Luis Potosí y Oaxaca) cuentan con una ley para prevenir, investigar y sancionar actos de tortura y otros tratos crueles e inhumanos acorde a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
De acuerdo con la reforma de 2017, el artículo tercero transitorio de la norma general establece que las legislaturas de las entidades cuentan con 180 días para armonizar el marco jurídico local y 90 días para poner en funcionamiento una fiscalía especializada en esta materia "salvo en los casos que por falta de recursos suficientes deban ser ejercidas por la unidad administrativa especializada correspondiente”.
Si bien Tlaxcala es una de las 18 entidades que cuentan con una ley especializada prevención de tortura, ésta fue emitida el 11 de diciembre de 2003 y su última modificación fue del 15 de agosto de 2016; por lo que no ha cumplido con lo establecido en el tercero transitorio de la ley general. De modo que el Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura expresó su preocupación porque no se considere expresamente los actos de tortura con la finalidad de obtener información o confesión de un tercero.
Cabe destacar que en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en Tlaxcala, únicamente se refiere a este tema al establecer que no serán válidas como pruebas confesiones obtenidas mediante tortura y asentar en que, cuando haya conocimiento de una situación de este tipo a fin de obtener información o la declaración de un inculpado se tendrán que realizar las averiguaciones.
Por otra parte, a más de cinco años, en la entidad tampoco se ha creado una fiscalía especializada prevención, investigación y sanción de la tortura, lo que revela incumplimiento del artículo sexto transitorio en crear este órgano que cumpliría la función de "investigar con la debida diligencia y con independencia, las graves violaciones a los derechos humanos".
Cabe destacar que en enero de 2022, el diputado Bladimir Zainos Flores presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público a fin de crear una Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, sin que hasta el momento se haya votado el dictamen.
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