Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 19 de febrero de 2023) La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) determinó que el gobierno del estado, a través de las Secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Gobierno (PGJE), así como a la Procuraduría General de Justicia (PGJE) y al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) violaron los derechos humanos de las mujeres que se manifestaron el 8 de marzo de 2022.
Cabe recordar que -como año- en el marco del Día Internacional de la Mujer tuvo lugar una marcha en la fecha antes mencionada que culminó en Palacio de Gobierno que ya se encontraba protegido por barricadas, vallas metálicas, plásticos y elementos de seguridad que terminaron por repeler a las manifestantes con gas y uso de la fuerza cuando derribaron las protecciones del inmueble para realizar pintas; lo que derivó en lesiones para algunas de las participantes y afectaciones por las sustancias rociadas.
"Al existir nulo manejo de acciones concretas o de acciones insuficientes y negligentes por parte de la autoridad señalada (SSC), se desembocó en resultados poco favorables para la debida intervención de los cuerpos policiacos, ante una población molesta que reaccionó con violencia", refiere el documento.
En consecuencia, la CEDH determinó que los entes mencionados incurrieron en violación de derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad personal y al acceso a la justicia; por lo que deberán nombrar a un servidor público encargado del seguimiento a las recomendaciones y presentar avances en un plazo no mayor a 30 días hábiles.
El organismo autónomo indicó que en cada una de las ocho manifestaciones celebradas entre agosto de 2021 y diciembre de 2022, quienes protestaron buscaron "escenarios para incidir y transformar las condiciones de género que producen la violencia contra las mujeres, al externar circunstancias de violencia que han vivido y viven en su día a día en todos los ámbitos".
Por ello, recomendó a la SSC que todas las actuaciones policiales se realicen con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, así como a garantizar la no repetición de violaciones a estas prerrogativas en el marco de acciones de protesta e implementar medidas precautorias para garantizar la seguridad de quienes participan en este tipo de movilizaciones "y en su caso, evite realizar cualquier acto injustificado, ilegal o arbitrario en su contra, en el entendido que dichas medidas deberán dictarse bajo los principios de máxima protección, necesidad, proporcionalidad, confidencialidad, oportunidad y eficacia".
Esta dependencia también deberá asegurar que el personal de la Policía de Género cuente con certificaciones sobre cultura de paz, igualdad de género y enfoque de derechos humanos conforme a lineamientos que la propia SSC deberá expedir en un plazo de 15 días naturales; en la misma proporción de tiempo, deberá elaborar y expedir el “Protocolo de Actuación Policial con Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos Humanos” que deberán conocer todos los servidores públicos y será revisado cada seis meses por un grupo interdisciplinario.
"Dentro de esta Recomendación General, la CEDH hace un
llamado a las autoridades destinatarias para generar un escenario de
colaboración, y construir políticas de prevención de actos materiales que
afecten o criminalicen la protesta social legítima y justificada, y en la cual
participen colectivos integrados por personas defensoras de derechos humanos,
además de garantizar, desde una concepción preventiva, la efectiva
incorporación de la perspectiva de género, considerando los tipos y modalidades
de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres y las niñas en el
tejido social", expuso el organismo.
La Comisión reconoció que algunas de estas instituciones han realizado actos en el marco de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres como la creación de la Policía de Género o la implementación de mecanismos de capacitación y acompañamiento a víctimas desde las diferentes instituciones; así como el correctivo disciplinario a los elementos que intervinieron en el operativo.
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