Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 20 de febrero de 2023) La iniciativa de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento que se presentó en el Congreso del Estado la semana pasada es inconstitucional y violatoria a los derechos humanos a la libre expresión y de asociación, coincidieron activistas del Centro Fray Julián Garcés y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En conferencia de prensa, representantes de la sociedad civil, grupos comunitarios y personas de la academia exigieron que se les convoque a foros para discutir el contenido de esta ley para garantizar "el derecho humano individual y colectivo al agua, su saneamiento, gestión integral y conservación"; que la reforma sea conforme a la situación sanitaria y ambiental que persiste en Tlaxcala y no para responder al Plan Estatal de Desarrollo; y que en la ley se establezcan los mecanismos para prevenir y eliminar la contaminación de forma progresiva.
Cabe recordar que en la sesión del pasado martes 14 de febrero, la diputada Marcela González Castillo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso del Estado presentó la iniciativa antes mencionada; misma que fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.
"Aunado a lo anterior, hacemos presente que en el Congreso de la Unión se debe aprobar una Ley General de Aguas, acorde con el espíritu del párrafo sexto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que constitucionalizó en 2012 el derecho humano al agua, mientras que esta propuesta de Tlaxcala podría contravenir dicha Ley. Las leyes estatales tendrán que adecuarse a esa próxima ley General, por lo que el momento de avanzar una la ley estatal no es el adecuado", señalaron.
En su intervención, Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, precisó que el proyecto es inconstitucional e inconvencional debido a que contraviene tanto la Constitución federal (específicamente en sus artículos 2, 4 y 27) como los convenios firmados por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos toda vez que prevé la suspensión del servicio de agua por falta de pago y la negativa a dotar del servicio en asentamientos irregulares, a pesar de que se trata de un elemento vital para la vida.
También porque no reconoce la gestión comunitaria, a pesar de que en Tlaxcala existe este tipo de organización en el tema del agua; no considera el derecho de acceso a la información pública relacionada con el manejo y suministro de este bien; abre la posibilidad de que se criminalicen las ideas al asentar que quedarán prohibidas las manifestaciones en contra de la ley.
En consecuencia, consideró que de avalarse en los términos en que fue presentada por la legisladora de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), las organizaciones e individuos que se sientan afectados por esta norma podrán promover un amparo que tiene amplias probabilidad de proceder debido al marco legal existente a nivel nacional.
Por su parte, Alejandra Méndez Serrano, directora del CFJG, dio a conocer que este mismo lunes presentaron un oficio en el Congreso a fin de externar sus preocupaciones sobre la Ley para la Prestación de Servicio de Agua y Saneamiento; así como para demandar que se convoque tanto a organizaciones de la sociedad civil como a la academia y a grupos comunitarios que han trabajado en torno al tema durante décadas para discutir el contenido.
"La iniciativa presentada no tiene como base el reconocimiento de que el 80% de los municipios del estado son parte de la Cuenca del Alto Atoyac, la cual ha sido reconocida como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, con un alto impacto negativo de la contaminación de los ríos sobre la salud de la población", expresaron en un comunicado.
De modo que tampoco se consideró el agotamiento de disponibilidad hídrica derivada del proceso de urbanización e industrialización. “Entre 2013 y 2020 registró una disminución de 17.327 millones de m3 en su disponibilidad, que representa el 37.09% del total con respecto a 2013”, de acuerdo con investigaciones del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales.
Señalaron que el proyecto condiciona el acceso al agua a la existencia de la infraestructura y a lo dispuesto por la ley, cuando debería ser al revés; limita el consumo individual por debajo de la cantidad requerida para garantizar necesidades básicas; y condiciona su accesibilidad al pago del servicio. "Entonces, el agua no se considera un derecho humano, sino una mercancía que deberá medirse. La ley establece la instalación de medidores, dejando así el agua disponible a quien pueda pagarla, sin considerar que en el ámbito doméstico muchas familias utilizan esta agua también para la manutención de animales para el autoconsumo".
Mientras que en relación a la participación social, indicaron que la propuesta desconoce la administración de agua que realizan los comités comunitarios y no establece mecanismos para que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones no solo sobre el derecho humano al agua, sino a la integridad de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos que existen en las comunidades. A lo que se suma lo establecido en el artículo 129, fracción VII de la iniciativa con la que se pretende infraccionar a quienes realice "campañas con fines de lucro o beneficios personales, con el objeto de incitar a la comunidad a incumplir con los ordenamientos contenidos en la presente Ley".
Respecto a la contaminación, las organizaciones mostraron su preocupación por la probabilidad de iniciar un proceso de privatización en el tratamiento de aguas residuales, al mismo tiempo que se quita a la industria que vierte sustancias tóxicas a los cuerpos de agua la responsabilidad por este acto.
A esta petición se sumaron Laura Méndez Rivas y Alejandra Ramírez Varela, integrantes de la Coordinadora por un Atoyac con Vida; Omar Arellano Aguilar, investigador de la Faculta de Ciencias de la UNAM; Pedro Moctezuma Barragán, integrante de Agua para Todxs, Agua para la Vida; 27 organizaciones y colectivos locales; así como ocho redes y organizaciones nacionales.
González Castillo se dice interesada en conocer propuestas
A través de un comunicado emitido por el Congreso del Estado, se aseguró que la diputada Marcela González Castillo tiene interés de conocer las propuestas e inquietudes de la sociedad civil en el momento que corresponda al proceso que actualmente se encuentra en comisiones y aseguró que la iniciativa tiene como finalidad de velar por el derecho al agua.
De igual forma, aseguró que incorporarán una cláusula que prohíba la privatización del agua, al tiempo de que se genera conciencia sobre el ejercicio responsable y participativo de este recurso.
Empoderamos ciudadanía a través de la información.
No hay comentarios:
Publicar un comentario