Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 5 de diciembre de 2022) El gobierno de Tlaxcala, junto a todo el país tienen el reto de erradicar las violencias en torno a los embarazos adolescentes, aseveró Alejandro Encinas Rodríguez durante su visita a la entidad para la firma de convenio de colaboración con el gobierno local.
En su mensaje, dio a conocer que en país nacen diariamente mil niñas y niños de madres menores de edad, lo que significa que al año hay 365 mil nacimientos bajo esta condición; además de nueve mil que vienen de madres entre los 10 y los 13 años. Esta situación, dijo, tiene que ser un foco rojo para las autoridades a fin de atender las diferentes violencias que envuelven al fenómeno, pero también para buscar la forma de incidir en la sociedad que aún normaliza el matrimonio forzado, las uniones de menores de edad y la violencia sexual.
Aseveró que el recién inaugurado Centro de Justicia para Mujeres permitirá atender esta problemática, pero enfatizó que las acciones no solo deben ser reactivas, sino preventivas. Esta situación implica cambiar formas de comportamiento en las familias que se han convertido en el centro de la violencia, en implementar políticas de salud sexual y reproductiva, respeto del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos,
En el patio central de Palacio de Gobierno, recalcó que esta labor requiere la suma de la sociedad, las iglesias, las escuelas, los clubes deportivos y todos los sectores en un compromiso para la protección de los derechos humanos, en fomentar la cultura de la denuncia y en garantizar que las fiscalías castiguen a los agresores.
Detalló que el convenio de la Consejo Nacional de Población (CONAPO) no solo permitirá intercambiar información, sino seguir el comportamiento demográfico del país a fin de instrumentar una política que detone el bienestar y desarrollo de las personas; como es la atención de personas adultas mayores.
Si bien, el crecimiento anual de la población ha disminuido de cuatro a uno por ciento respecto a la década de los 50, refirió que actualmente hay cerca de 140 millones de mexicanas y mexicanas; lo que ha implicado una transformación de los fenómenos y de las dinámicas de convivencia.
"Vamos a viendo los cambios de la composición de los grupos de edad, cada vez avanzando más los sectores de mayor edad con un nuevo fenómeno que es el de la feminización de la población, vamos a una población cada vez compuesta por más mujeres y de mayor edad. esto implica también tomar medidas adecuadas para poder enfrentar este reto", puntualizó.
En su intervención, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros coincidió en que una de las prioridades es incidir en la atención de violencia en los hogares. "Es una sociedad que se contamina y que le va a hacer daño en un futuro a otras personas. Por eso es que tenemos, de raíz, atacar estos temas".
Respecto al convenio con la CONAPO, expresó que él permitirá el manejo de información sociodemográfica que será útil para el diseño de políticas públicas, reforzar información y consejería para la planificación familiar, salud sexual y reproductiva, actualizar el marco jurídico estatal en materia de población, por mencionar algunos.
Por su parte, Gabriela Rodríguez Ramírez, directora de CONAPO, refirió que con la disminución de la tasa de crecimiento poblacional, las prioridades de la política en la materia han cambiado y ahora están focalizadas en la garantía de los derechos humanos. "La mayoría de la población es joven y adulta joven, en 30 años se doblará la población mayor, así que estamos en etapa de envejecimiento poblacional; arrancando esa etapa, pero todavía con un dividendo demográfico muy amplio que es de adolescentes y jóvenes en edad escolar y laboral", explicó.
María Ana Bertha Mastranzo Corona, directora del Consejo Estatal de Población (COESPO), recordó que esta instancia tiene la facultad de planear el crecimiento poblacional a fin de abatir el rezago y la pobreza; por lo que con información estadística generan herramientas para mejorar las condiciones de vida de las y los tlaxcaltecas.
Resaltó que el convenio será una herramienta fundamental para asegurar que la información se comparta en forma transparente con instituciones encargadas de la planeación, programación y presupuestación en los tres órdenes de gobierno con la finalidad de implementar una política de equidad para atender a la población en riesgo de vulnerabilidad.
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