Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 21 de octubre de 2022) El presbítero José Filiberto Velázquez Fidencio del "Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello" confirmó que la alumna de la Normal Rural "Lic. Benito Juárez" de Panotla fue diagnostica con muerte cerebral derivado de lesiones presuntamente sufridas durante una confrontación entre estudiantes con elementos de la policía estatal el jueves 20 de octubre en las inmediaciones de la carretera Tlaxcala-San Martín, a la altura de El Trébol.
En un comunicado, el gobierno estatal detalló que la joven fue ingresada a urgencias en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, debido a un hematoma frontal izquierdo que más tarde le causó deterior neurológico; por "lo que ameritó intubación orotraqueal".
De igual forma, los médicos "determinaron fractura frontal y parietal con neumo-encéfalo, por lo que iniciaron sedación, neuroprotección y medidas anti edema cerebral. [...] Por lo anterior, fue traslada al estado de Puebla al Hospital de Traumatología y Ortopedia para valoración por Neurocirugía, donde se realizó exploración de Tomografía Axial Computarizada (TAC) con evidencia de contusiones hemorrágicas y edema severo".
Al respecto, Velázquez Fidencio precisó que la joven Beatriz N. permanece hospitalizada en el Hospital General No. 1 del IMSS en el estado debido a que no fue admitida en una institución poblana por los estudios que llevaba y debido a que necesitaba aparatos especiales para continuar con su tratamiento. "Está asistida por un soporte de vida mecánico, eso es lo que a nosotros nos reporta la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)", comentó.
Explicó que la organización solicitó la atención especial de la joven al conocer del caso, luego de iniciar un amparo en favor de cuatro jóvenes varones que se encontraban detenidos ante la Fiscalía General de la República (FGR) e interponer las quejas correspondientes.
Asimismo, precisó que parte del daño a la salud de Beatriz N. fue originado por inhalar gas lacrimógeno en grandes cantidades. "Lo que estamos seguros es que la afectó mucho el gas lacrimógeno. Usted puede ver las cantidades de gas lacrimógeno que arrojaron".
Destacó que se tiene que atender el fondo del asunto debido a que no se siguieron protocolos establecidos para este tipo de manifestaciones donde primero tiene que acudir personal civil a entablar diálogo. "Es muy grave lo que el gobierno, venimos de Guerrero y siempre los protocolos de protestas mandan a personas civiles a negociar antes de usar la fuerza pública y aquí nunca ha habido un protocolo de ese tipo más que enviar a la fuerza pública y los policías no saben negociar".
Investiga gobierno estatal los hechos
En su comunicado, el gobierno estatal aseguró que investiga los hechos a fin de esclarecerlos acompañado de personal de la CEDH, de la Secretaría de Educación Pública Federal y del Centro "Minerva Bello"; además de que actuarán en apego a la legalidad y al diálogo.
No obstante, la administración también recalcó que "ninguna demanda justifica la violencia que trastoque los derechos de terceros y ponga en riesgo la paz social que caracteriza al estado de Tlaxcala".
Debe gobierno regular a los cuerpos de seguridad
Previamente, la CEDH dio a conocer que a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero conoció sobre la integridad física y situación jurídica de las cuatro personas detenidas presumiblemente de aquella entidad; quienes fueron liberados la mañana de este viernes y con quienes se reunieron en compañía de dos alumnas de la Normal Rural "Lic. Benito Juárez", así como con Filiberto Velázquez.
"La protesta y la movilización social constituyen herramientas de petición a la autoridad y, también, como canal de denuncia pública de violaciones a los derechos humanos, entonces, las autoridades tienen la obligación de dar cauce a estas muestras de descontento, de escuchar y de buscar vías adecuadas para responder a ellas efectivamente. No debe estar dentro de sus funciones criminalizar su expresión cuando esté enmarcada dentro de los límites legales", se lee en el documento.
Recalcó que las autoridades deben facilitar del derecho a la protesta social pacífica y garantizar la seguridad de manifestantes y del resto de los ciudadanos; limitar el uso de la fuerza como último recurso, evitar detenciones arbitrarias e ilegales y sancionar a todo aquel que abuse o vulnere derechos humanos.
"Es deber de la autoridad regular la actuación de los cuerpos de seguridad en esos eventos, y actuar con sentido de oportunidad, gradualidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza con estricto apego a los derechos humanos".
La CEDH se dijo solidaria de manifestaciones que buscan visibilizar problemáticas sociales, así como respetuosa de la libertad de expresión, desaprobó cualquier tipo de acto violento; por lo que si bien exhortó a las autoridades a promover, proteger, respetar y garantizar que de materialicen el derecho a la manifestación y protesta pacífica, también a hacerlo con el derecho del resto de los ciudadanos.
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