Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 13 de septiembre de 2022) A través de un comunicado, organizaciones de la sociedad civil llamaron a legisladores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a que la reforma que pretenden presentar en torno a la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala privilegie la conservación desde una perspectiva de derechos y la participación de las comunidades en su gestión.
El comunicado firmado por el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., la Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV), la Pastoral Social – CARITAS y la Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala, señalan que la mayor parte de la entidad se encuentra en la cuenta del Alto Atoyac, afluente afectado por la contaminación industrial y que ha afectado tanto la biodiversidad como los derechos de la salud y al acceso a este vital líquido de las poblaciones.
"Es necesario que las discusiones y reformas que se planteen respecto a la Ley de aguas, sea siempre desde la perspectiva del derecho humano al agua, desde una perspectiva de cuenca y perspectiva de integralidad, y no desde una lógica mercantil ni privatizadora, pues pondría en riesgo la accesibilidad y la asequibilidad por parte de los sectores más vulnerados en la sociedad Tlaxcalteca, y contravendría los principios internacionales y la Constitución", señalaron.
Asimismo, indicaron que es necesario reconocer la participación de la ciudadanía y las comunidades para garantizar el acceso a este recurso; por lo que las reformas deben tener en consideración este papel y propiciar condiciones para su fortalecimiento; además de apegarse a la realidad del estado y coadyuvar con organizaciones de la sociedad civil y con la academia que es conocedora sobre las problemáticas.
La organizaciones firmantes aseguraron que se mantendrán pendientes de la discusión y desarrollo de esta propuesta, debido a que por varias décadas han denunciado la grave contaminación en el afluente Atoyac-Zahuapan, misma que está reconocida por la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que vincula a las autoridades de los tres niveles de gobierno para su saneamiento dados sus efectos en la salud, la vida y alimentación de las comunidades
Finalmente, enfatizaron que hay documentos internacionales como la Observación General no. 15 de noviembre de 2002, que emitió el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Resolución 64/292 de la Asamblea General de esta organización, firmada el 28 de julio de 2010, en las que se reconoce el acceso al agua y a su saneamiento como un derecho humano y elementos indispensables para la vida.
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