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jueves, 8 de septiembre de 2022

Avalan legisladores procedimiento para evaluar a Cortés Ornelas como magistrada del TSJE

 



Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 8 de septiembre de 2022) El pleno de ala LXIV Legislatura avaló esta mañana el procedimiento con el que evaluarán la situación jurídica y el desempeño de Mary Cruz Cortés Ornelas como magistrada propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE); a fin de determinar si es o no ratificada en el cargo por un periodo más.


    Cortés Ornelas fue designada como magistrada integrante del TSJE el 27 de diciembre de 2016 para un periodo de seis años que culminará el próximo 26 de diciembre; pero que puede permanecer por otros seis años si el Legislativo considera que hay razones sustantivas, objetivas y razonables que les permitan conocer su actuación ética y profesional.


Quienes se desempeñen como magistrados en el Tribunal Superior de Justicia, deben ser personas que se distingan por su diligencia, experiencia profesional y honestidad invulnerable, que por el desarrollo de su actividad, desempeño y dedicación puedan permanecer en sus cargos, dando así a la sociedad la oportunidad de contar con magistrados y magistradas independientes; que debe tratarse de personas que en el desempeño de sus funciones se hayan apegado a los principios de honestidad, independencia, imparcialidad, eficiencia y eficacia", leyó en tribuna el diputado Fabricio Mena Rodríguez


    De modo que para esta valoración, la Comisión Especial integrada por los diputados Mena Rodríguez y Juan Manual Cambrón Soria, y la diputada Reyna Flor Báez Lozano conformará el expediente personal de la magistrada entre 8 y 14 de septiembre; solicitarán al Consejo de la Judicatura del Estado  su opinión sobre el desempeño de la funcionaria; pedirán al Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET), al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales(IAIP), a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y a la Fiscalía General de la República (FGR) informes sobre si existe alguna denuncia, queja o procedimiento en su contra.


    Asimismo, solicitarán a la propia presidencia y Secretaría General del TSJE, así como a la presidencia de la Sala Civil-Familiar sobre el desempeño de Cortés Ornelas; y ella misma deberá presentar un informe año por año sobre su trabajo. Finalmente, también recibirán manifestaciones de litigantes interesados en manifestar si tiene o no los méritos para ser ratificada en el cargo.


Presentan iniciativas en materia de libertad expresión y violencia


En la misma sesión, la legisladora Laura Alejandra Ramírez Ortiz propuso adicionar la libertad de expresión en la lista de derechos individuales contemplados en la constitución local y, como parte de ello, reconocer el derecho de las y los periodistas a negarse a revelar sus fuentes; a no ser objeto de censura previa, interferencia o presión directa o indirecta por su labor; a atender el derecho de réplica según lo marque la ley; y a establecer la obligación del Estado para garantizar la seguridad de quienes ejercen esta labor.. Además de  reconocer la protesta social como derecho tanto individual como colectivo.


    "En el ejercicio del periodismo se respetará, como eje fundamental, la cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad personal y profesional e independencia de esta actividad, la cual debe regirse por conducta éticas, que en ningún caso podrán ser impuestas por los entes públicos", indicó la diputada como parte del texto que propone incluir en la norma.


Por su parte, la diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez planteó reformas a la Ley que Garantiza el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer la violencia vicaria como una de las manifestaciones de este fenómeno; misma que definió como "todo acto u omisión intencional cometido contra una mujer que ejerce la persona que mantenga o haya mantenido una relación con ella, ya sea de hecho, de pareja  similares de afectividad, aún sin convivencia y que por sí misma o por interpósita persona utilice como medio a las hijas e hijos, familiares, personas mayores de sesenta años de edad, con discapacidad, mascotas o bienes de la víctima para causarle algún daño o afectación psicoemocional, física, económica, patrimonial o de cualquier tipo tanto a la víctima como a quienes fungieran como medio".


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