Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 26 de mayo de 2022) Pobladores de Xicohtzinco amagaron con promover un juicio político en contra de lo legisladores locales si no dan una solución al conflicto que prevale en la demarcación que ya se ha prolongado por nueve meses y para el que han pedido atención desde el mes de septiembre.
"El Congreso tiene la obligación de acatar la ley que establece 30 días para resolver un asunto en comisiones y nosotros lo presentamos en septiembre, lo ratificamos en noviembre, lo volvimos a ratificar en marzo y se la han pasado en puros procedimientos retardatorios, tratan de evadir una responsabilidad", indicó Roberto Texis, uno de los manifestantes que se presentaron esta mañana frente a Palacio Legislativo para reiterar su malestar con estos hechos.
Ante medios de comunicación, señaló que tanto el gobierno del estado como el presidente municipal orquestaron la reunión que desde un inicio no contaba con las condiciones para llevarse a cabo; lo que hicieron saber a la Secretaría de Gobierno el 20 de mayo mediante un escrito. A pesar de ello, Luis Ángel Barroso Ramírez, alcalde del municipio, llegó respaldado por la policía estatal que, acusó, se retiró cuando la población ya se encontraba confrontada.
Asimismo, refirió que el presidente quiso ingresar a las oficinas que mantienen tomadas los inconformes y acusó que las personas que agredieron al joven que murió el pasado domingo fueron contratadas por él.
"Responsabilizamos de lo que ha ocurrido en Xicohtzinco a Lorena Cuéllar Cisneros como gobernadora, al secretario de gobierno Sergio González Hernández, al Congreso del Estado que es el responsable de atender el asunto y al general Raúl Ruiz García que es el secretario de seguridad ciudadana quien es el que llevó todo el instrumento de seguridad para resguardar únicamente a los funcionarios y dejar confrontada a la población", puntualizó.
Texis aseveró que no están en contra de que se realicen asambleas y que se quiera dialogar con el pueblo, pero sí cuestionó que se genere un clima de confrontación, inconformidad e incertidumbre.
Recordó que desde septiembre manifestaron que la toma de protesta no se realizó conforme a la ley; por lo que pidieron la revocación del ayuntamiento y la instalación de un concejo municipal. Sin embargo, ante la falta de acciones, exigieron que la Segob y la administración de Barroso Ramírez dejen de realizar acciones de gobierno y garanticen únicamente el agua potable y la recolección de basura.
En este sentido, recordó que el 17 de diciembre de 2021, autoridades estatales y pobladores acordaron que sería la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quien se haría cargo de la seguridad pública en esa demarcación; compromiso con el que -aseguraron- no han cumplido. "Solamente cuando les conviene mandan a la policía y cuando no, dejan a la población a su suerte", recalcó.
Por ello, agotarán las instancias en la entidad para que se resuelva la problemática, pero resaltó que de no actuar, promoverán un juicio político contra los legisladores porque no asumen su responsabilidad.
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