Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 27 de mayo de 2022) La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación y medidas cautelares que deberá acatar la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) respecto a los casos de Ana Laura N. y Cecilia N.; víctimas de desaparición y feminicidio, respectivamente.
Este viernes el organismo público dio a conocer la Recomendación 01/2022 en contra de personal de la PGJE, la cual fue notificada se a la dependencia el 23 de mayo y a las víctimas el 24 de mayo. En ella se determina la violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica derivado "de abuso de autoridad, detención arbitraria y faltas a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de funciones, empleos, cargos y comisiones; así como violación al derecho Humano a la integridad y seguridad personal derivado de tortura, causada para obtener información o la confesión de alguna persona a partir de sufrimientos graves físicos o psíquicos".
Señaló como responsable de ello a Víctor Flores Meneses, en ese entonces inspector jefe de la Unidad Especializada en Investigación y Combate al Delito de Secuestro; Rigoberto de la Cruz Nava y Arturo Cuamatzi Juárez, oficiales de la Policía de Investigación, todos entonces adscritos a la PGJE; quienes son señalados por haber detenido a una persona el 25 de febrero sin identificarse y luego trasladarlo a una casa donde fue torturado; y al día siguiente repetir los hechos con otra persona.
El quejoso indicó que pudo escuchar la tortura al otro detenido e indicó que, como a él, los servidores públicos los golpearon en diversas partes del cuerpo, los mantuvieron desnudos, les dieron toques eléctricos en piernas, brazos, pecho y pene; además de someterlos a asfixia y amenaza, mientras eran interrogados y aleccionados.
En consecuencia, la CEDH emitió ocho puntos de recomendación en los que insta a substanciar y calificar las faltas administrativas en que incurrieron los elementos ante el Consejo de Honor y Justicia de la PGJE; iniciar un procedimiento penal por tortura y lo que resulte; reparación del daño a las víctimas en aspecto económico, psicológico y médico; ofrecer una disculpa pública y compromiso de no repetición.
También, cursos de capacitación en materia de derechos humanos (legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal) al personal adscrito al Departamento de Policía de Investigación; que las víctimas adquieran dicha calidad ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado; que se publique la versión pública de la recomendación en la página web de la PGJE; y la designación de un enlace.
Por otra parte, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de este organismo autónomo, se refirió a los señalamientos de Efrén López sobre que personal de la CEDH no se presentó a acompañarles en la audiencia por el feminicidio de su hija Cecilia; a lo cual, indicó que ya iniciaron una investigación en el Órgano Interno de Control para establecer o no la responsabilidad del personal que no acudió, pese a tener la instrucción.
Cabe recordar que el padre de la víctima señaló el jueves que el imputado pretende someterse a un procedimiento abreviado para reducir su pena, con lo que los agentes del ministerio público se encuentran de acuerdo; por lo que desde la CEDH se instruyó a la visitadora para que entrevistara a las autoridades con el propósito de tener elementos de actuación.
En consecuencia, "se inició una (queja) que de oficio porque se recabaron indicios de una presunta violación a los derechos humanos, específicamente a la legalidad y a los derechos de las víctimas y también, iniciado este expediente, tuvimos elementos para indicar una medida cautelar para salvaguardar los derechos de las víctimas", refirió la ombudsperson.
Precisó que la PGJE deberá garantizar los derechos de las víctimas indirectas de manera oficiosa y durante el desarrollo del expediente, de acuerdo con los derechos que hayan sido violados, determinar qué otras acciones deberán realizar.
Reconoció que Efrén López solicitó el acompañamiento de la Comisión y que, pese a haberlo acompañado a una audiencia previa, en la que se programó para el 25 de mayo no se presentó el personal; por lo que ya se inició un procedimiento interno. Además, indicó que tiene el derecho de pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que atraiga el caso y, de aceptar, este organismo nacional deberá pedir al local las diligencias que ya realizaron.
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