Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 1 de abril de 2022) La diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz sostuvo una reunión con representantes de gremio periodístico en la entidad para discutir el proyecto para la ley de protección personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
En su intervención, la legisladora refirió que si bien el gobierno estatal ya emitió un decreto para crear la oficina de atención a ambos sectores, es necesario dotarla de un marco jurídico armonizado con la normatividad federal que responda al reclamo social de un país donde ocurre un alarmante número de asesinatos.
Detalló que la iniciativa busca responde tanto a las amenazas a la integridad física, moral, patrimonio e incluso al arraigo de quienes se ven obligados a desplazarse como medida preventiva.
De este modo, precisó que el proyecto de ley será sometido a discusión tanto con periodistas como con personas defensoras de derechos humanos; pero adelantó que en un primer borrador buscan que esté alineada con la ley federal, y que el mecanismo de protección cuente con una junta de gobierno integrada por los titulares de la Secretaría de Gobierno (Segob), Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), un representante de l Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y dos representantes de un consejo consultivo.
Respecto a este último, indicó que el consejo consultivo está integrado por cuatro personas elegidas a través de una convocatoria pública y cuya presidencia será rotativa. De modo que ambos órganos se coordinen con el Ejecutivo local para la operatividad del mecanismo para la recepción y seguimiento de casos, evaluación de riesgos, prevención y respuesta breve.
Asimismo, propuso que el mecanismo funcione con una partida presupuestal asignada por el Ejecutivo y administrada por la Secretaría de Finanzas; el cual funcionará a través de un esquema de ampliación automática a fin de asegurar su suficiencia presupuestaria en caso de agotarse los recursos.
La diputada adelantó que prevén una reforma constitucional en materia de libertad de expresión como un derecho inalienable.
Por su parte, Moisés Morales del Razo, presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET), comentó que si bien es urgente este tema, al poner en marcha la oficina se hicieron las cosas al revés y ahora se requiere de un análisis concreto para que responda a las necesidades del gremio y tome en consideración temas como el respeto al secreto profesional de periodistas.
En tanto que Virgilio Osorio Nava, presidente de la Confederación de Periodistas, destacó la importancia de generar un mecanismo que responda a las amenazas contra las y los periodistas en el ámbito local; pero además generar garantías para la jubilación y atención médica para quienes se dedican a esa actividad.
Junto a ello, se sumaron peticiones de que esta oficina y el mecanismo operen de forma autónoma o bajo la atención de la CEDH, dada la experiencia en otras entidades donde por depender del gobierno estatal no ofrecen garantías.
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