Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 21 de junio de 2021) Víctimas y activistas acusaron a los jueces Alexis Minor Flores y Alejandro Pereda Vega de actos de corrupción en el desahogo de casos de guardia y custodia de menores de edad, cuyas resoluciones podrían poner en riesgo su integridad.
En conferencia de prensa, demandaron una reunión urgente con las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) para exponer las diversas irregularidades que han encontrado en el actuar de ambos jueces, así como su separación inmediata del cargo y de aquellos funcionarios públicos involucrados en estos casos.
Al respecto, la abogada Félix Pozos Palafox resaltó que día a día se llevan a cabo entre cinco y diez audiencias familiares por guardia y custodia de menores, en ninguna de los cuales se sigue el protocolo de actuación para resguardar el interés superior de las infancias; lo que deriva en casos como el de Esmeralda y Mitzi.
Respecto al primer asunto, la señora Edith, hermana de la víctima, acusó que fueron violentados por parte del juez Alexis Minor Flores, quien presuntamente respaldó acciones para amedrantar a su familia durante las audiencias y cuando se envió a elementos de seguridad armados a entregar una notificación de entrega de la menor al padre, pese a que ha sido señalado por violencia familiar y violación.
Refirió que su hermana falleció de una enfermedad y responsabilizó al hombre, regidor de obras públicas en Santa Apolonia Teacalco, de maltrato y falta de atención a su hermana durante la convalecencia, lo que finalmente derivó en su muerte.
En cuanto a este caso, Ixchel Yglesias González Báez, perito en antropología, recalcó que el Estado en Tlaxcala es responsable de lo que pueda ocurrir a la menor, a la familia y a ella misma; puesto que las irregularidades son producto de un Estado misógino, feminicida y proxeneta que vulnera los derechos de mujeres y menores.
Por su parte, Mitzi señaló al mismo juez por violencia durante el desahogo de la audiencia por la custodia de su hija y alimentos que interpuso el padre en su contra. En este sentido, agregó que el hombre ejerció violencia familiar en su contra durante el embarazo.
En tanto que la activista Yeny Charrez Carlos, abogada y directora de Mujeres con Poder, informó de un tercer caso en el que la mujer fue víctima de trata con fines de explotación sexual por parte de su pareja; a pesar de los cual, el juez decidió otorgarle la custodia con el argumento de que "un tratante también ser un buen padre".
Puntualizó que el Estado no puede poner la presunción de inocencia sobre el interés superior de la niñez, pues está obligado a salvaguardar la integridad de las víctimas como ocurre en estos casos.
Cuestionada sobre el margen de actuación para hacer frente a este tipo de irregularidades, manifestó que por ello solicitan el acercamiento con los integrantes del TSJE para tratar de resolver con prontitud; puesto que si bien también pueden acudir a instancias federales, el proceso podría tardar años y mientras tanto las víctimas permanecen en una situación de vulnerabilidad.
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