Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 27 de enero de 2021) Organizaciones de la Sociedad Civil exigieron a las autoridades mexicanas y de la entidad respetar los derechos humanos de las personas migrantes, así como la legislación en materia de migración, a fin de no criminalizarlos.
El pronunciamiento se emitió luego de que medios de comunicación informaran sobre la detención de 118 personas migrantes que viajaban a bordo del ferrocarril el pasado 15 de enero en la Antigua Estación de la ciudad de Apizaco.
Durante ésta, indican, participó no sólo personal del Instituto Nacional de Migración (INM), sino de la empresa Ferrosur, así como elementos de la policía municipal; quienes aseguraron a las personas originarias de países de Centroamérica.
Las OSC lamentaron las acciones del gobierno que privilegian la contención, disuasión, criminalización y deportación inmediata sin tomar en consideración los tratados internacionales; por lo que demandaron actos humanitarios y solidarios conforme a ellos.
Además, llamaron a respetar el derecho a la no devolución al considerar que varios de ellos están sujetos a protección internacional; además de que es necesario considerar la afectaciones ocasionadas por desastres naturales, la pandemia por COVID-19, así como la creciente violencia. En consecuencia, pidieron que se garantice su derecho a solicitar refugio y a que se atiendan sus necesidades específicas por género y edad.
A las comisiones d derechos humanos, estatal y nacional, investigar la participación de elementos de seguridad propia de la empresa, pues argumentaron que actuaron fuera de su competencia; particularmente cuando el albergue La Sagrada Familia ha documentado agresiones en otros momentos.
"Pedimos que las autoridades migratorias cumplan la legislación mexicana que prohíbe la detención de niños, niñas y adolescentes no acompañados y acompañados", se lee en el pronunciamiento difundido en redes sociales. Por esta razón, pidieron a las autoridades competentes garantizar que las y los migrantes de este grupo de edad no serán detenidos en la estación migratoria.
En cuando al INM, exigieron atender las necesidades humanitarias con los protocolos para evitar la propagación de la COVID-19; especialmente cuando -aseguraron- las condiciones de las estaciones son de hacinamiento, antihigiénicas e inhumanas; lo que se suma a violaciones la dignidad y derechos humanos.
Finalmente, se dirigieron a los medios de comunicación para demandar su contribución a una sociedad incluyente y no discriminatoria.
Esta tarde, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) aseguró -a través de un comunicado- que se constituyeron a las instalaciones del INM para verificar que las personas originarias de Honduras, Nicaragua y El Salvador hayan recibido un trato digno.
Empoderamos ciudadanía a través de la información.
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