Redacción (México., 21 de agosto de 2020) El
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones por las
irregularidades encontradas en la revisión de los informes mensuales de
Ingresos y Egresos de las Organizaciones de Ciudadanos que presentaron
solicitud formal para obtener su registro como partido político nacional, por
un monto global preliminar de 6.14 millones de pesos.
Nombre de
la OC |
Sanciones |
Encuentro Solidario |
$ 159,010.18 |
Fuerza Social por
México |
$ 1,141,628.88 |
Fundación
Alternativa A.C |
$ 63,029.54 |
Grupo Social
Promotor de México |
$ 907,929.54 |
Libertad y
Responsabilidad Democrática A.C |
$ 2,707,482.05 |
Redes sociales
Progresistas |
$ 875,062.93 |
Súmate a Nosotros |
$ 290,645.60 |
Total |
$ 6,144,788.72 |
*Estos
montos corresponden a los propuestos en el proyecto de acuerdo; sin embargo,
podrían modificarse si de los engroses ordenados por el Consejo General se
desprende una variación en la sanción.
La revisión de los ingresos y gastos de
las organizaciones de ciudadanos estuvo comprendida en el periodo de
enero de 2019 a febrero de 2020, periodo en el que estas asociaciones
realizaron actividades para cumplir con los requisitos y apoyos necesarios para
ser partido político.
Las
siete organizaciones que presentaron solicitud formal para obtener su registro
como partido político nacional, reportaron en sus informes mensuales un total
de ingresos por un monto de $113,391,044.41 y de gastos por $108,883,085.62.
Es
la ciudadanía quien otorga y quita el registro a los partidos políticos
El
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, destacó que el
otorgamiento del registro a un nuevo partido político es un procedimiento que
se abre cada seis años y en el que es la ciudadanía quien con su apoyo otorga su
registro.
“Es
el apoyo ciudadano el que determina qué organizaciones políticas obtienen su
registro; de la misma manera en la que, en cada elección federal, la ciudadanía
es la que decide, con su voto, qué partidos mantienen su registro y qué
partidos pueden llegar a perderlo”.
Córdova
expresó que la fiscalización de estas organizaciones no es un tema menor. “Se
trata, ni más ni menos, que de la valoración hecha por la Unidad Técnica de
Fiscalización respecto a las conductas financieras de aquellas organizaciones
que aspiran a obtener un registro para insertarse en ese sistema democrático”.
La
Consejera Adriana Favela Herrera, presidenta de la Comisión de Fiscalización
señaló que, de las irregularidades determinadas por la Unidad Técnica de
Fiscalización, se advierte un monto involucrado de 17 millones 729 mil 940
pesos.
Explicó
que las irregularidades detectadas se conjuntan en 11 rubros, entre los que
destacan: aportaciones de personas no identificadas, egresos no reportados,
egresos no comprobados, ingresos no comprobados, aportaciones en efectivo
superiores a 90 UMAS (equivalentes a 7,819 pesos) y aportaciones de ente
prohibido.
Aportaciones de personas no identificadas es ilegal
En la fiscalización realizada por el INE, la autoridad electoral
encontró en los registros contables de todas las organizaciones aportaciones
por parte de personas no identificadas por un total de 13.3 millones de pesos.
Nombre de
la OC |
Monto de aportaciones
de personas no identificadas |
Encuentro Solidario |
$ 34,500.00 |
Fuerza Social por
México |
$ 6,864,030.69 |
Fundación
Alternativa A.C |
$ 31,517.20 |
Grupo Social
Promotor de México |
$ 24,990.00 |
Libertad y
Responsabilidad Democrática A.C |
$ 1,241,687.00 |
Redes sociales
Progresistas |
$ 5,057,142.84 |
Súmate a Nosotros |
$ 139,860.00 |
Total |
$ 13,393,727.73 |
*El INE dará vista a
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de las organizaciones
Fuerza Social por México, Libertad y Responsabilidad Democrática A.C, Redes
sociales Progresistas y Súmate a Nosotros, debido a que sus aportaciones de
personas no identificadas rebasan las 1500 UMAS, equivalentes a 130 mil 320
pesos.
Al respecto, el consejero Ciro Murayama mencionó que el dinero que fluye a la actividad política debe seguir el principio de máxima publicidad, y están prohibidas las aportaciones anónimas o de origen no identificado.
Murayama afirmó que la magnitud de financiamiento de origen
irregular en que incurrieron algunas organizaciones, en particular aquellas
donde esta conducta es determinante en su capacidad de organización y de
afiliación, debe ser un elemento a considerar cuando el Consejo General del INE
decida otorgar o no el registro como partido político en las próximas semanas.
Modificaciones al proyecto de fiscalización
Durante la sesión, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, propuso
diversas modificaciones a la fiscalización que implicarán la revisión y
adecuación (engrose) de los proyectos, ya que estos fueron aprobados por
mayoría de votos.
En primer lugar, para el caso de Fundación Alternativa A.C. y Fuerza Social por México, en el
proyecto se daban por buenos contratos en copias simples, de los cuales no se
constata su autenticidad, por lo cual el INE deberá exigir los originales y no
tomar como buenos dichos contratos.
Asimismo, el Consejo determinó revisar el gasto de propaganda en
Facebook que reportó Libertad y Responsabilidad Democrática, ya que –explicó el
Consejero Ruiz- no basta con tener acreditado el contrato y el pago de la
organización a un intermediario. “Necesitamos también las constancias de los
pagos del intermediario hacia Facebook, porque puede haber absoluta disparidad
entre un tramo y el otro”.
Estas determinaciones podrían impactar el monto de las sanciones
establecidas en los proyectos.
Se abre procedimiento oficioso por aportaciones provenientes de
personas sindicalizadas
A solicitud del representante del Poder Legislativo del Partido
Verde Ecologista de México, Marco Antonio Gómez Alcántar, por mayoría de votos,
el Consejo General determinó abrir un procedimiento oficioso por posible
financiamiento de ente prohibido, ya que, según el diputado, dos organizaciones
recibieron un porcentaje representativo de financiamiento de miembros
sindicalizados (55 y 25 por ciento respectivamente).
El objetivo de estos procesos que se iniciarán será dilucidar si
el origen de los recursos es lícito, para tener plena certeza que quienes
obtengan su registro serán partidos libres sin injerencia sindical.
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