Proponen reforma para que padres elijan orden en apellidos de los hijos y para garantizar procedimientos civiles

Redacción (Tlaxcala, Tlax., 24 de octubre de 2019) Con la finalidad de garantizar la equidad de género en la designación de apellidos al momento de registrar a una persona, la Legisladora Michaelle Brito Vázquez, propuso en la sesión de este jueves, una iniciativa para adecuar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Tlaxcala.

Consideró necesario establecer clara y terminantemente el derecho potestativo de los padres de elegir el orden en que quieren que aparezcan los apellidos de sus hijos en su acta de nacimiento, pues lo que ellos determinen será trascendental para la vida de ellos y del ejercicio de su derecho de identidad.

Refirió que la igualdad de género a que se refiere el artículo 4º de la Constitución Federal, debe garantizarse y hacerse efectivo en todos los ámbitos de derecho público, como de derecho privado y consecuentemente, en la vida privada de las personas, como es la elección del nombre y apellidos con los que serán registrados y se identificarán a sus hijos.

Subrayó que el hecho habitual de inscribir primeramente el apellido paterno, resulta inconstitucional e inequitativo respecto del derecho humano de igualdad ante la ley de hombres y mujeres, de ahí la necesidad de modificar el Código Civil local para que los padres tomen esa determinación como mejor lo estimen conveniente.

En la misma sesión, el Legislador Víctor Manuel Báez López propuso una reforma al Código de Procedimientos Civiles del Estado, para garantizar el derecho de acceso a la justicia y defensa adecuada en procesos de tipo civil.

En la iniciativa, el Diputado subrayó que, para garantizar los derechos de acceso a la justicia y defensa adecuada, el Estado debe disponer de las medidas necesarias para que las partes involucradas sean correctamente representadas y asesoradas por un profesional del derecho, quien estará obligado, dentro de sus funciones, a brindar servicios jurídicos profesionales a los particulares que así requieran.

Refirió que el derecho al debido proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto a la dignidad humana en cualquier tipo de proceso, entendido éste como aquella actividad compleja, progresiva y metódica que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la sentencia, con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto.

Agregó que una vez reconocido que la dignidad es un derecho humano, y que éste se debe promover, respetar, proteger y garantizar por parte de todas las autoridades en términos de lo dispuesto por el artículo primero constitucional, es procedente una modificación a la Ley adjetiva Civil, que propone, cuidar y respetar los documentos originales que las partes exhiben dentro de la secuela procesal, de un Juicio Civil o Familiar, Administrativo, Penal o cualquier otro.

Esta reforma, argumentó, beneficiaría a toda la población en general, pero sobre todo a los sectores más desprotegidos, toda vez las actas del Estado Civil de las personas, como actas de nacimiento, matrimonio, defunción, así como testimonios de escrituras públicas, podrían ser reusadas por las personas, sin ningún problema que pueda alterar la visibilidad de la documentación.