Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, Tlax., 27 de abril de 2018) Los presidentes de comunidad de Contla de Juan Cuamatzi anticiparon que convocarán a una movilización social pacífica en sus demarcaciones para exigir que les sea restituido el derecho a votar en las sesiones de cabildo de los ayuntamientos, en caso de no lograrlo por la vía jurídica o política.
Los presidentes de comunidad hicieron este anuncio luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presidida por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, declarara procedente la controversia constitucional contra el Ejecutivo y Legislativo de la entidad.
Los actores alegan que fue violado su derecho constitucional de audiencia, toda vez que no se les consultó para reformar la constitución local y la ley municipal en este tema.
A nombre de los promoventes, Lucas Nava Flores, presidente de comunidad de la Sección Segunda de Contla, refirió que cerca de 100 presidentes de comunidad se han sumado a esta causa para evitar un control absoluto de poder y recursos.
El representante de los promoventes, Fernando Samuel Ramos Zempoalteca, precisó que quince días atrás le notificaron que tardarán mes y medio en integrar el expediente en contra del Gobierno del Estado, la Secretaría de Gobierno y el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala para buscar que se reintegre el voto a los 405 presidentes de comunidad en la entidad.
El ex gobernador José Antonio Álvarez Lima se sumó en apoyo a esta causa que, dijo, tiene antecedentes en la época prehispánica; puesto que las comunidades siempre han buscado autogobernarse.
Recordó que una reforma a las leyes estatales, hace 20 años, permitió reconocer la autonomía de las comunidades, a través del reconocimiento del voto de sus presidentes en cabildo; lo cual llevó a que sus necesidades estuvieran representadas y se lograra una distribución democrática tanto de recursos como de facultades.
Así fue, "hasta que el gobierno y el congreso anterior, en acto autoritario, en un albazo legislativo decidieron despojar a las comunidades de un derecho que tiene raíces históricas, raíces políticas, raíces financieras", comentó.
De no lograrlo por la vía legal o política, expuso que convocarán a una rebelión cívica para dar marcha atrás a esta reforma que calificó como autoritaria y contraria a los intentos internacionales de democratizar a la sociedad.
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