Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, Tlax., 8 de marzo de 2018) Lucía Rojas González, síndico del municipio de Ixtenco, se deslindó del grupo de ciudadanos que tienen tomada la presidencia desde el 15 de enero.
En conferencia de prensa, manifestó que el alcalde -Miguel Ángel Caballero Yonca- ha incurrido en nepotismo y diversas anomalías. En este sentido, le acusó de pretender hacerle firmar la cuenta pública sin que previamente sea revisada y de mantener la opacidad en el manejo de recursos públicos; esto -dijo- ya fue notificado al Órgano de Fiscalización Superior.
Explicó que desde el 16 de enero han enviado tres oficios al Congreso del Estado sin que hasta el momento haya alguna respuesta por parte de los diputados e incluso mostró listas de personas que exigen la destitución del alcalde.
Asimismo, negó que ella hubiera solicitado empleo para alguno de sus familiares en el ayuntamiento de Ixtenco o en algún otro.
Por su parte, la regidora de educación, Eva María Bernardino Domínguez, acusó que el alcalde destinó recurso público para la compra de cinco boletos de avión al Vaticano, presuntamente en apoyo del Coro Voces Yumhu; sin que se detallara quiénes fueron los beneficiarios de los mismos.
Señaló que entre las personas que realizaron el viaje se encuentra la madre del alcalde, Ofelia Yonca Rojas, también titular del DIF municipal,
El regidor, Giovanni Aguilar Solís, apuntó a pagar la primera quincena de marzo a al menos la tercera parte de los empleados en el ayuntamiento con el argumento de que el recurso sería destinado a la donación de muletas. sillas de rueda, el otorgamiento de becas y a la remodelación de diversas áreas de la presidencia.
Agregó que al concluir sus declaraciones se dirigirían a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para presentar una denuncia por presuntas amenazas con armas blancas y de fuego a personal del municipio e integrantes del cabildo que se encontraba la noche de este miércoles en la presidencia.
En uso de la voz, el regidor de seguridad, Raúl Mauricio García, refirió que policías municipales -por instrucción del alcalde- realizan actos de extorsión como presuntas sanciones de tránsito, sin que exista un ordenamiento jurídico de por medio.
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